DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v21i54.1074

Sentidos en disputa en el imaginario policial durante la pandemia en Argentina

Mariana Fernández*

Rocío Baquero**

Resumen. Los discursos sobre la seguridad y el orden se han sostenido históricamente en Argentina bajo dos modelos en disputa: el del orden público y el de la seguridad ciudadana. En este artículo indagamos el modo en que ambos modelos se configuran bajo nuevas formas en el imaginario policial durante la pandemia por Covid 19. El fin es analizar las perspectivas policiales en torno a la ley, la transgresión y la seguridad vigentes en nuestra sociedad. Para ello empleamos un abordaje cualitativo, basado en la realización de entrevistas semiestructuradas a oficiales de la Policía Federal y Provincial Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021.

Palabras clave. Seguridad; policía; violencia.

Senses in dispute in the imaginary of the police during pandemic in Argentina

Abstract. Speeches on security and order have historically sustained in Argentina under two models in dispute: that of public order and that of citizen security. In this paper we research the way in which both models are configured in new forms in the imaginary of the police, during the Covid-19 pandemic. The purpose is to analyze the police perspectives on the law, transgression and security that are in force in our society. For this we use a qualitative approach, based on semi-structured interviews with police officers of Policía Federal y Provincial Argentina and of Policía de la Ciudad of Buenos Aires, which were made in November and December 2020 and March 2021.

Key words. Security; police; violence.

Palabras introductorias

En Argentina, los discursos en torno a la seguridad, el orden y la violencia urbana se han sostenido históricamente bajo dos paradigmas principales: como elementos necesarios de conservar contra un enemigo políticamente delimitado bajo un Estado autoritario, y como elementos vinculados a la inseguridad ciudadana bajo regímenes democráticos.

Siguiendo a Sozzo (2016), el proceso de militarización de las fuerzas de seguridad se vincula con el objetivo principal de la actividad policial históricamente centrada en la guerra contra un “enemigo interno” políticamente delimitado. Este enemigo, el “subversivo”, es construido en contraposición a un “enemigo externo” en tanto objetivo principal de las fuerzas armadas. En este sentido se dirigió el accionar de la policía durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Por ese entonces, el rol de las fuerzas de seguridad se centró en la conservación de “la seguridad y el orden público” mediante prácticas terroristas y de violación a los derechos humanos contra el enemigo político. Como sostiene Sain (2002), los militares otorgaron a la policía la facultad de diseñar políticas criminales en forma autónoma de funcionarios gubernamentales civiles, expertos en materia de seguridad. Estas concepciones políticas y doctrinas de la policía tenían que ver con la visión policialista de la seguridad pública; con la idea belicista de que la prevención y erradicación de la violencia es –paradójicamente– una guerra, donde el enemigo es un delincuente al que hay que exterminar.

Con la recuperación de los regímenes democráticos, sostiene Ríos (2014), surgió la pregunta por el modo de democratizar las fuerzas de seguridad en un contexto de incremento del delito urbano y surgimiento del problema de la inseguridad. Si bajo la Doctrina de Seguridad Nacional,1 la función policial se dirigía a regular y reprimir el comportamiento de las personas en relación con las normas tendientes a garantizar el orden público como seguridad para el Estado, bajo el Estado democrático la misión de la policía viró hacia la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Si el encuadre del orden y la seguridad pública corresponde estrictamente al campo policial por haber delegado los militares el poder de elaborar políticas criminales a la policía autónomamente de la gestión gubernamental durante la última dictadura militar argentina, el encuadre de la seguridad ciudadana se halla motivado por la generación y ejecución de políticas públicas para las fuerzas de seguridad por parte de expertos civiles en materia securitaria.

Con la consolidación del tema de la inseguridad como problema público, el enemigo interno dejó de estar vinculado a la cuestión política y se trasladó a la cuestión securitaria. El rostro del chivo expiatorio utilizado para mantener la legitimidad de la violencia estatal (Galvani, 2016) pasó a ser el del delincuente concebido principalmente como el joven urbano, varón, morocho y pobre (Daroqui y Guemureman, 2016). Hacia él se dirigen los denominados “controles poblacionales” ejecutados por las fuerzas de seguridad, en términos sumamente selectivos y discriminatorios sobre la base de prejuicios en torno a rasgos físicos y perfil social (Fassin, 2016).

Si bien ha habido diferentes intentos por modificar las representaciones en torno al enemigo interno en la cultura policial (Renier, 2000), estas iniciativas parecen haber tenido un alcance limitado en los discursos y prácticas policiales contemporáneas (Sozzo, 2016). Distintos autores dan cuenta de que más de allá de las reformas policiales en diferentes jurisdicciones del país, los rasgos principales de la policía siguieron siendo la carencia de políticas institucionales integrales, la sistemática violación de los derechos humanos, el hostigamiento y la violencia hacia los sectores más desprotegidos, la participación en redes ilegales y la ineficacia en el desempeño de sus funciones específicas (Lynch, 2009). De aquí que la ciudadanía tanto en Argentina como en otros países de la región desconfíe del accionar de las fuerzas policiales cuya imagen, “manchada” (Bittner, 2019), impide que la ciudadanía se sienta representada con la institución y su personal. En encuestas internacionales nuestro país ocupa uno de los principales puestos de desconfianza de la ciudadanía hacia la policía en la región latinoamericana,2 y en sondeos nacionales la imagen negativa se acrecienta sobre las policías locales y provinciales. La Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana en el año 2017 afirma que la población deposita mayor confianza en las fuerzas federales de seguridad, comparadas con las policías provinciales y con las instituciones del sistema de justicia.3

En el contexto al que atiende este artículo, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional, según señalaron numerosos organismos públicos, se incrementó la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, provinciales y federales, hacia varones jóvenes de entre 15 y 27 años de edad pertenecientes a los sectores populares urbanos (CELS, 2020).

Siguiendo a Reiner (2000), consideramos que la cultura policial no es homogénea sino que, por el contrario, en ella se expresan las formas de poder existentes en la sociedad en su vinculación con las condiciones de trabajo de los diferentes segmentos en que se divide el personal policial, nos proponemos identificar y describir cómo los entrevistados interpretan su tarea profesional en la situación de pandemia y observar las continuidades y rupturas con el accionar a la crisis sanitaria. De igual modo, buscamos indagar cómo conceptualizan los policías su relación con otros actores sociales especialmente los jóvenes, sus colegas profesionales, la institución a la que pertenecen, y la caracterización de los conflictos que están llamados a resolver en sus rutinas de trabajo.

Metodología de análisis

En este trabajo procuramos identificar en los discursos de los entrevistados sobre su accionar en la pandemia marcas de los modelos securitarios previamente mencionados que han orientado la dirección política de las fuerzas policiales en nuestro país, y que responden a diferentes concepciones a la hora de gestionar la seguridad, el orden, la delincuencia y la violencia urbana. En tal sentido, realizamos en esta primera etapa exploratoria un total de 15 entrevistas. El perfil de los entrevistados lo constituye personal policial en servicio; se trata tanto de miembros de la policía de la Ciudad de Buenos Aires como de la policía provincial, que en ambos casos se encuentran desarrollando funciones en la vía pública. También incluimos entrevistas a personal de la Policía Federal, fundamentalmente por haber desarrollado funciones en calle antes del traspaso a la Policía de la Ciudad en 2016. Todos los entrevistados tienen en común su formación académica en materia de seguridad ciudadana, lo que constituye una condición de producción en los discursos cuyas marcas procuramos identificar a lo largo de este trabajo. Para preservar sus identidades, se asignó un número a los entrevistados siguiendo el orden en que se llevaron a cabo los encuentros.

Las limitaciones propias de la coyuntura llevaron a que las entrevistas debieran hacerse en forma online, lo que implicó la falta de observación directa en los escenarios naturales en los que se desempeña el personal policial. No obstante, consideramos que esa limitación permitió que la privacidad en que se encontraba el entrevistado, en sus horas libres y en la comodidad de su hogar, dispusiera un ambiente distendido para conversar. Fue posible corroborar, en la mayoría de los casos, cierta distensión cuando garantizamos el carácter anónimo de la entrevista, y resta decir que todos mostraron buena predisposición y facilitaron el acceso para llevar a cabo los encuentros que se extendieron un promedio de hora y media.

Las preguntas estuvieron orientadas a que pudieran describir su jornada habitual de trabajo y las alteraciones en el contexto de la pandemia; los conflictos habituales que enfrentan en su tarea diaria tanto en el espacio público como al interior de las institución policial; y a relevar su opinión sobre las representaciones que construyen los medios en noticias de inseguridad, y su percepción en relación con los imaginarios que circulan socialmente sobre su desempeño.4

En las entrevistas se mencionan casos de alta resonancia pública y mediática como los acontecimientos relacionados con Chocobar5 y la muerte del policía Juan Roldán,6 asesinado en el barrio de Palermo en septiembre de 2020. Los mismos fueron referidos en relación a la información policial construida en los medios de comunicación con la finalidad de que los entrevistados pudieran al mismo tiempo opinar sobre el tratamiento mediático y enlazar estos episodios con experiencias propias o cercanas.

Nuevos roles y viejos encuadres: reconocimiento, desconfianza y autoridad policial durante los primeros meses de la pandemia en Argentina

En un trabajo que revisa los aportes seminales de la actuación policial en las décadas de los 60 y 70, a partir de autores como Banton, Skolnick y Bittner, Reiner reúne una serie de proposiciones acerca del accionar de la policía entre las que figuran: el papel de la policía no es principalmente la aplicación de la ley o el control del crimen; el trabajo policial está conformado por factores culturales/situacionales; el policiamiento se dirige principalmente a los desamparados, y tiene un valor simbólico más que instrumental (Reiner, 2019, p. 231-232).

En nuestro periodo de estudio la función policial adquirió características atípicas acordes a la excepcionalidad del contexto de una crisis sanitaria global. El gobierno argentino depositó en las fuerzas de seguridad funciones de “cuidado” y velamiento de la salud pública en diferentes espacios urbanos, en ocasiones focalizando en barrios de alta vulnerabilidad social. El discurso sobre el rol de “cuidado” de las fuerzas de seguridad fue difundido en los medios de comunicación, particularmente en los más allegados al poder político gobernante, generando recelos y resistencias en algunas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos y algunos sectores de la ciudadanía (Faur y Pita, 2020).

Dicha gobernabilidad implicó en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante ASPO) que tuvo lugar en el mes de marzo de 2020 mediante el Decreto N° 260/20,7 un esfuerzo extraordinario en la labor policial. En tal sentido, los entrevistados coincidieron en señalar: incremento de la carga horaria laboral, modificación de los “destinos”, absorción de funciones de otros trabajadores redundando en un incremento de responsabilidades y estrés laboral. A ello se añade la falta de preparación de la institución policial para afrontar la situación:

No estábamos preparados y nos teníamos que cuidar nuestra propia salud. Fue muy duro al principio porque después tener que entrar a tu casa con tu familia y que todos te estén mirando raro porque creían que teníamos el virus, la gente te hacía a un lado. (E-11. Las cursivas en las citas son siempre nuestras)

Especialmente en la etapa inicial de la declaración de la pandemia y las medidas destinadas a mitigar sus efectos, los “miedos ciudadanos” ya no se proyectaban en el delincuente urbano causante de la inseguridad sino en aquellas personas sospechadas de hallarse infectadas, entre las cuales los policías eran uno de los principales blancos de temor por poseer la capacidad para circular, junto a médicos y enfermeros, quienes también sufrieron episodios de discriminación en espacios públicos. Por estas razones, los policías expresan que fueron reconocidos en forma ambivalente: por un lado, como sujetos de sospecha de poseer el virus, y por otro, luego del personal de salud, como personas “esenciales” reconocidas dentro de la sociedad por estar exponiendo su integridad en el marco de la emergencia sanitaria. Por este último aspecto, obtuvieron un relativo reconocimiento social que reforzó el “sentido de misión” (Reiner, 2010) del personal policial al verse abocados a una tarea social y no meramente securitaria. Algunos entrevistados señalaron que se sintieron concebidos por la ciudadanía en general como a ellos les gustaría ser considerados habitualmente, esto es, como funcionarios del Estado con legítima autoridad y dignos de respeto, por ponerse al servicio del resguardo de la comunidad:

Sentí que fuimos muy valorados. Incluso en mi comisaría había un horario particular en el que la gente aplaudía agradeciendo al personal de salud y al policial. Eso fue hermoso porque la gente se daba cuenta que los que estábamos en el frente éramos nosotros. (E-3)

Esa imagen positiva de la policía perduró durante unos meses y gradualmente fue perdiendo fuerza, de la mano del hastío de las personas por el aislamiento y la demanda de más libertades para circular en la vía pública. Considerando con Bergman y Flom (2012) que la confianza en la institución policial se halla determinada, mayormente, por el vínculo entre el policía y la ciudadanía, más allá de su desempeño con respecto a la prevención y represión del delito, podemos afirmar que a medida que se incrementaron los controles, la policía volvió a ser un obstáculo contra el cual el ciudadano se debía enfrentar (y no ya aplaudir). Los entrevistados dan cuenta del pasaje en el que la profesión pasó de constituir un emblema hasta convertirse en un estigma:

En un primer momento se ha sentido como que ‘ustedes son esenciales’: van a trabajar, van a arriesgar su vida. Pero habrá sido el primer mes, después la gente se empezó a poner un poquito más inquieta. (E-5)

en un principio se veía que sí [que la policía era valorada] pero después volvimos a lo de siempre, el fastidio por la policía, porque me paran, por no permitir el acceso al transporte, volvimos a ser el aparato represor. A la gente le molesta que la controlen. (E-3)

Los entrevistados comparten entre sí que su función primordial en el contexto de la pandemia como consecuencia de las disposiciones del gobierno fue la intensificación de los controles en la vía pública, lo que terminó siendo molesto para gran parte de la ciudadanía. Esto último no solo resta valor simbólico otorgado al inicio de los acontecimientos, sino que omite su condición de ciudadano. Desde su perspectiva, el cumplimiento de órdenes superiores contribuyó a que “la gente” no reconociera que ellos se encontraban en situación de riesgo permanente. Como evidencian los fragmentos anteriores el escenario de la pandemia presentó más continuidades que rupturas en lo que hace a la valoración policial en el marco de la interacción de la policía con gran parte de la ciudadanía.

Marcos de guerra. Derechos, “abusos de derechos” y umbrales de tolerancia hacia jóvenes

La “pérdida de valores” es la razón principal atribuida por los agentes a la imagen predominante de la policía en la sociedad y la razón de los conflictos que se generan con individuos y grupos, particularmente con jóvenes. En este punto, identificamos una recurrencia ante la pregunta por los sujetos con quienes la relación con la policía se presenta como más conflictiva tanto en la pandemia como en otras coyunturas. Todos coincidieron en señalar a jóvenes y “menores” como “irrespetuosos”, “discutidores” e incluso “provocadores” ante la autoridad policial:

Yo creo que en otra época el personal policial era respetado por todo el mundo. Hoy es más difícil llevar a un chico a que te respete por ahí pasa y es otra postura que tienen más los menores de 16 y 17 años. (E-6)

Los jóvenes tienen otra percepción de la libertad creo yo, de mayores derechos. Incluso dentro del personal policial, los más jóvenes vienen con otras ideas de lo que es la policía y se les nota el tema de la autoridad, de acatar las órdenes. Vienen con el concepto de que pueden discutir todo lo que se les dice y eso va en contra de lo que son los parámetros de la policía. (E-8)

Siguiendo a Tiscornia (2000), podemos pensar que el descontento por “la actitud de no quedarse con lo que dicen las autoridades” es una demanda vinculada con la estructura organizativa de las fuerzas policiales como cuerpos con jerarquías rígidas y sistemas de control corporativos cuyo fin es preparar a sus miembros para ejercer la obediencia al superior y no discutir órdenes. A esta cuestión atribuye Chan (1997) el temor de los miembros de la fuerza a que se les reproche algún incumplimiento. Así, cuestiones relativas a la ampliación de derechos son concebidas por los entrevistados en términos antagónicos a la formación institucional. De hecho, sostiene Garriga Zucal (2016) que la concepción policial en torno a la “falta de respeto” por parte de jóvenes opera habilitando la implementación de “correctivos” (agresiones, golpes, etc.) entendidos como réplica a las actitudes juveniles irreverentes.

Hay jóvenes que te faltan el respeto. Nosotros estamos hechos para tolerar, toleramos muchísimas cosas, un insulto no nos va a hacer nada, pero quizás un escupitajo, quizás lo querés dar vuelta para revisarlo más que nada y no se quieren dar vuelta, se meten la mano en el bolsillo y nosotros corremos en riesgo la vida si ellos se meten la mano en el bolsillo. (E-11)

Estas actitudes juveniles son concebidas por los entrevistados como violencias dirigidas hacia el personal policial, con las que están acostumbrados a lidiar y para lo cual fueron específicamente entrenados con el fin de no reaccionar. El uso diferencial de las atribuciones policiales en las calles, sostiene Reiner (2002) genera prejuicios hacia la población juvenil masculina y de sectores populares bajo el supuesto dominante de que pone en riesgo el orden público.

Las provocaciones juveniles se incrementarían al momento de su detención, sobre todo cuando ello ocurre en forma repetida o habitual. En estas circunstancias, los entrevistados consideran que los códigos, burocracias y valores propios del ámbito policial comienzan a ser conocidos por los jóvenes8 al punto de enfrentarlos “haciendo abuso de sus derechos”:

se va haciendo del procedimiento y va buscando de que alguno se equivoque para usar eso para anular el procedimiento... Algunos se ponen histéricos, tediosos, molestos, tenés que tener cuidado... te van buscando, en cierta medida tratan de entorpecer. (E-6)

Cuando el menor es detenido por primera vez, el hecho de ingresar a un mundo desconocido le hace mantener ciertas precauciones. Después se empiezan a familiarizar y a tener confianza y eso los lleva a sacar el pecho y hacer cosas que en la primera vez no se animaban. Cuando vos los detenés más de una vez saben sus derechos, entonces haciendo abuso de esos derechos que ellos conocen, te faltan el respeto. (E- 4)

En los fragmentos precedentes se evidencian marcas de una perspectiva conservadora en materia de seguridad, en la que los derechos humanos y el conocimiento de los mismos funcionan como un impedimento para el accionar policial. La identificación del carácter desafiante de los jóvenes como un límite para el procedimiento de detención policial constituye un resabio del paradigma de la seguridad pública en la actualidad. La verticalidad, tanto como los procesos de disciplinamiento institucional en los que fueron formados lleva al personal policial a reproducir esquemas de percepción que operan como condición de posibilidad para el ejercicio de violencias morales (maltratos verbales, humillaciones y hostilidades) que, sin implicar necesariamente actos de coerción física (daño corporal), afectan la identidad de los jóvenes.

Los jóvenes en conflicto con la ley se constituyen en parte del discurso policial como quienes se encuentran por fuera del ámbito productivo y educativo, ligados a las drogas y al deseo de ganarse “la vida fácil”, en ocasiones como portadores de una “herencia delictiva” que los condena desde su origen:

Los que generan conflicto son este tipo de sociedad que no tiene trabajo porque no tiene un secundario completo, y ‘¿estudiás? –le preguntamos– y no, tampoco’, entonces hay un sector de la sociedad que habría que ver por qué no busca hacer algo por su vida. A esta persona la encontramos drogándose, siempre están metidos en estas cosas de ganarse fácil la vida. (E-5)

Las leyes que hay que cambiar es que a los menores hay que meterlos presos. Hay menores que matan a una persona y la madre viene a la comisaría y se van a la casa. Yo creo que ahí viene de la familia, ya cuando la familia viene de ese palo ya el chico es así. (E-7)

Las causas del delito se fundamentan en una elección racional, que divide la sociedad entre aquellos que eligen la vida más fácil y los que responden a los valores de la educación, el esfuerzo y el trabajo. Estas clasificaciones operan también en el accionar policial en tiempos de pandemia, tal como declaraba un entrevistado acerca de la forma en que procedía respecto del desmantelamiento de fiestas clandestinas, dadas las prohibiciones de reuniones sociales por la crisis sanitaria:

No es lo mismo alguien que está festejando que terminó de estudiar o que recibió un ascenso de su trabajo a otro que no, que están festejando otra cosa, que van a robar mañana. Eso lo festejan, incluso hay boliches que tienen el 100% de ese tipo de gente… (E-5)

Con respecto al carácter desafiante del comportamiento de los jóvenes frente al personal policial, Rodríguez Alzueta y otros (2020) sostienen que, muchas veces, opera como condición de posibilidad para reproducir y justificar las violencias policiales (“paseos en patrullero”, detenciones por averiguación de identidad, golpes, violencia psicológica y verbal, etc.) y, la mayor parte de las veces se producen como respuesta al verdugeo policial. No obstante, los resultados de su investigación arrojan que lo que genera la presencia policial en jóvenes portadores de ciertos estigmas (de clase y de raza, sobre todo) es, principalmente, sumisión (baja autoestima, desvalorización de sí, vergüenza, silencio, etc.) como respuesta más habitual. En este sentido pueden interpretarse algunos discursos en que los entrevistados refieren a los jóvenes de clases altas como aquellos que enfrentan con mayor vehemencia a la policía:

Los mayores tienen más respeto por la policía. Los jóvenes te hacen la pelea por falta de educación, falta en la casa, en la escuela, la familia que se bifurcó mucho en el último tiempo. En Constitución están los que están continuamente con pasta base, y en Palermo tenes “hijos de”, con estudios altos, que toman cocaína. Te enfrenta más el de Palermo que el de Constitución. (E-2)

Los de clase alta son más arrogantes, la zona de Palermo, Libertador, uno se maneja obviamente de otra forma, estamos acostumbrados a que por ahí nos dicen “cuidado que éste es un falopero que siempre cae por esto pero ojo que es el hijo de tal persona, tal empresario, gente que está relacionada al poder (…) nada que ver con un chico de la zona de Floresta que capaz que su delito es ir a la cancha, porque tomó demasiada cerveza, pero son pibes de barrio, pibes solitarios, que uno se da cuenta que no tienen protección. (E-4)

Si bien los policías refieren a la juventud como colectivo social en tanto fuente de sus mayores conflictos, mantienen una concepción de ley diferente de acuerdo a la zona en que les toque estar de servicio (Bittner, 2019). Varios de los entrevistados manifiestan empatía con algunos adolescentes socialmente excluidos, específicamente con aquellos que actúan en forma sumisa frente a la autoridad policial. Los entrevistados identifican las condiciones sociales y políticas actuales, como las causas que conducen a los jóvenes a transgredir la ley:

Hay más conflicto con la juventud, porque la libertad que nos da la democracia parece que se fue de las manos. En vez de haber libertad, hay libertinaje. No hay respeto, se perdió. No hay respeto por el policía como no hay respeto por el profesor o por el médico. Hoy por hoy los jóvenes pasan fumando porro delante del policía y si uno les dice algo... es como que van al choque… (C-E-3)

Los policías coinciden en señalar el deterioro generalizado de condiciones sociales previas en materia de educación y del entorno familiar de los jóvenes, junto con el avance del consumo de drogas y alcohol. Este deterioro de un pasado mejor se liga al desarrollo de la democracia que habría convertido la libertad en libertinaje. En este proceso, la conquista de derechos se lee como retroceso para el respeto a la autoridad antes obedecida. En los discursos más autoritarios los jóvenes en conflicto con la ley quedan por fuera de la sociedad que merece ser cuidada:

A mí lo que más me gusta es cuidar a la sociedad y a veces se pierde muchísimo tiempo con esto de que hay que cuidar al delincuente: llevarlo al médico, llevarlo al juzgado, y perdemos muchísimas horas que podemos dedicarnos a la sociedad... (E-5)

En resumen, las premisas que estructuran los escenarios de interacción conflictiva con los jóvenes son: a) la pérdida del valor del respeto por la autoridad y b) la disposición de aquellos a abusar de sus derechos a causa del sistema democrático. Sobre la base de este argumento (los jóvenes “abusan del ejercicio de sus derechos”) se legitiman las prácticas de violencia ejercidas actualmente hacia ellos.

Los elementos autoritarios constitutivos de la formación policial, los conduce a pensar y nombrar en términos de “excesos” los casos de violencia letal, sobre la base de la misma matriz discursiva que permitía justificar la violencia política durante la época dictatorial. Antes la “lucha antisubversiva” hoy la lucha “contra el delito”, el enemigo se reconfigura pero los marcos de guerra (Butler, 2010) permanecen.

Frente a la pregunta por casos de resonancia pública tales como el protagonizado por Chocobar y Juan Roldán, algunos entrevistados afirmaron que no hay que “juzgar por anticipado” el accionar policial, y se mostraron comprensivos con la circunstancia “de riesgo” en la que se halla el agente al poner en juego su propia vida en resguardo de la seguridad. Asimismo, muchos coincidieron que en aquellas situaciones que ameritan el uso del arma de fuego, el policía no está pensando en los procedimientos (“condicionamientos”) legales vigentes, o al menos no únicamente en ellos, ya que tales situaciones involucran distintos aspectos que deben ser consideradas en un lapso breve de tiempo:

Uno siempre mira a Estados Unidos: el personal policial da la voz de alto dos veces y si no acata la orden, saca el arma y chau. Hay detalles que no se pueden legislar y no hay manera de llevar a la realidad por ejemplo el uso del cuchillo. Si la policía usa el arma porque la usa y si no la usa porque no la usa. La realidad es difícil. Estamos siempre limitados por la cuestión de los derechos humanos. (E-8)

Los límites a la actuación policial se enuncian como “la cuestión de los derechos humanos”, lo que explicaría el carácter difícil de las situaciones que viven. En el mismo sentido, otro entrevistado afirma que si bien siguiendo la normativa que regula el uso del arma Chocobar no debió haber disparado del modo en que lo hizo (por la espalda), en un momento límite no se puede prever la forma de proceder de cada oficial:

En Estados Unidos es diferente. Todo en exceso está mal, todo tiene que tener un punto medio para que no haya exceso y tampoco haya mucho libertinaje (...) Uno puede decir ‘yo hubiera hecho’ pero no sabemos porque hasta que no te pasa no podés saber qué vas a hacer. Yo no me siento capaz de juzgar al personal policial. Por un lado, está lo que tenés que hacer y, por otro lado, está tu familia y el miedo a perder la vida. Es muy fina la línea. (E-7)

Las situaciones son totalmente diferentes: no es lo mismo estar en la escuela y que te enseñen tiro a que te están disparando y tengas un tipo tirándote. (E-3)

Estos fragmentos permiten observar la relación compleja y continuamente negociada entre lo aprendido en las escuelas y los contextos de aplicación de los procedimientos (Bover, 2019) . Como sostiene Reiner (2002), el personal policial no traduce mecánicamente la ley en procedimientos sino en accionares informales y muchas veces discrecionales basados en valores morales arraigados en la cultura policial. Los procedimientos legales parecen funcionar como recursos que se aplican en determinadas situaciones, de acuerdo a las creencias compartidas (Waddington 1999) de los actores. Es finalmente el proceso de interpretación lo que fundamenta la relación entre el actor y la situación, tal como señalan los entrevistados. En este sentido hay quienes explicitan que la aplicabilidad de la norma depende del contexto:

Queda en cada momento y es en el momento en que uno decide (...), lo que te dicen es que tenés que emplear los mismos medios, es relativo, si no tengo cuchillo ¿qué uso? (...) Es el criterio individual (…) No se tendría que haber muerto el policía, tendría que haber disparado antes. Yo lo cago a tiros, pero ahora, me van a condenar…si al policía no le hubiese pasado nada capaz que está en un penal hoy por haber matado una persona porque le disparó teniendo el tipo un cuchillo. (E-3)

yo en un segundo tengo que decidir si le disparo o no le disparo. Las consecuencias se verán después. Por eso es que en ese momento hay que ser frío y uno a veces no está pensando en la norma policial. Los años de experiencia te llevan a actuar de manera práctica porque vos no te podés poner a pensar en ese momento que dicen los tres requisitos del artículo 34. (E-9)

Con respecto a la portación de arma sostiene Tiscornia (2020) que no sólo habilita el accionar violento y armado de los agentes policiales en situaciones cotidianas de poca importancia, sino que, además, la mayor parte de muertes de personal de seguridad en “enfrentamientos” sucede debido a la normativa del estado policial que los obliga a intervenir en situaciones delictivas muchas veces, objetivamente desventajosas.9

Otros entrevistados se mostraron críticos con la actuación del policía Luis Chocobar:

Desde mi punto de vista Chocobar tiene que estar preso porque uno tiene que usar el criterio y también tiene que pensar que hay gente que está excluida de la sociedad y está fuera de sus cabales. Uno realmente no puede ir matando gente, este policía le tira un tiro de atrás, escapando. Otra cosa es tirarle un tiro de atrás, ahí lo tiene que juzgar la justicia no el policía. (E-11)

Lo de Chocobar realmente me gané montón de enemigos porque con muchos colegas yo les digo que no, Chocobar ve que la persona que cometió el delito huye, lo sigue le tira desde atrás, y por lo que muestran las cámaras lo ejecuta, me parece una aberración, un error total, acá este muchacho se equivocó totalmente pero también hay responsabilidad en la formación del policía (...)nosotros no estamos para ejecutar a nadie, no somos dueños de la vida de nadie. Lo que hizo Chocobar fue quitarle la vida a una persona, punto. Me parece totalmente condenable, pero cuando vos lo comentás con otros camaradas se ofenden, y eso me preocupa más, me toman como que he sido ideológicamente contaminado…(risas). (E-4)

Estos discursos evidencian un posicionamiento propio de la matriz de seguridad ciudadana, que presenta un carácter rupturista dentro de lo que sostienen sobre el caso la mayoría de los miembros de la fuerza. En el conjunto de entrevistas que sustentan este trabajo, fueron más los policías que afirmaron comprender el accionar de Chocobar argumentando las dificultades de “decidir correctamente” frente a una situación de riesgo.

Otra recurrencia fue la consideración sobre el hecho de que, ante un caso de violencia, se suele responsabilizar al agente policial y no al conjunto de instituciones que operan conjuntamente en el campo de la cuestión criminal. En palabras de un entrevistado: “La policía es el hilo fino por donde se corta todo. Nunca va a caer un juez, un fiscal, eso pasa por casos muy puntuales pero en general siempre le echan la culpa a la policía y la policía es la que paga el pato”. La policía aparece en estos discursos como el chivo expiatorio de otras instancias institucionales superiores sobre las que no recae la responsabilidad que les corresponde.

Los discursos policiales acerca de la violencia policial oscilan hasta aquí entre una legitimación de un accionar autoritario, cuyos límites estaría en los derechos humanos que impiden a la policía decidir en momentos de tensión; y una perspectiva democrática, que establece fronteras claras entre el accionar policial y la esfera de la justicia, respetuosa de los derechos y garantías de los sujetos en conflicto con la ley y que reclama desde estos fundamentos una mayor profesionalización de los agentes. Esta última posición aparece en menor medida, y exige a los entrevistados una serie de evaluaciones y autodefensas de modo que su discurso no sea interpretado como un ataque a sus colegas.

¿Orden público o seguridad ciudadana? Algunas conclusiones

En este trabajo partimos del supuesto según el cual el sentido en torno al orden, la seguridad y la violencia urbana se disputa y cristaliza, en cada contexto histórico social, a partir de dos abordajes principales: el encuadre del orden público, hegemónico bajo la doctrina de seguridad nacional que contempla a la seguridad desde una perspectiva conservadora y autoritaria, y el modelo de la seguridad ciudadana, erigido desde una perspectiva democrática particularmente presente en la formación universitaria en Seguridad ciudadana que transitan o han atravesado nuestras y nuestros entrevistados.

Comenzamos abordando el modo en que estos encuadres se hicieron presentes durante la pandemia por Covid 19 en nuestra sociedad. Vimos, en tal sentido, que la crisis sanitaria alimentó la creencia en la necesidad de la policía en su función de proteger a la comunidad. En un momento histórico y social en que la misión policial no se centró en combatir el delito, las acciones humanitarias a las que fueron convocadas no parecen haber anulado la desconfianza y desprestigio social que posee actualmente la policía en parte de la sociedad. Desde la perspectiva de nuestros entrevistados, la “pérdida de valores” es la razón principal de que su función no sea valorada y respetada su autoridad, sobre todo en los sectores juveniles. Este encuadre autoritario correspondiente al modelo del orden en materia de seguridad parecería perdurar en el imaginario policial. La racionalidad bélica que emerge al referir la situación de tener que interpretar que un joven “meta su mano en el bolsillo” en el marco de un procedimiento policial lo señala como un enemigo cuya peligrosidad no radicaría ya en la violencia política premeditada, como en la época militar, sino en la situación de extrema exclusión social que lo llevaría a “no tener nada que perder” y, por ende, a animarse a cometer una “muerte absurda” sin medir las consecuencias. Este riesgo al cual se sienten expuestos los policías, los posiciona, explícitamente, como víctimas de un deterioro de la estructura económico-social e, implícitamente, de la vuelta del sistema democrático el cual avalaría estos “abusos de derechos” y “libertades que se van de las manos” o “libertinajes”.

La situación de “enfrentamiento” entre policías y delincuentes disminuyó en el marco de la pandemia. El delito más “común” dejó de ser el robo y pasó a constituirse en violaciones del artículo n° 205 del código penal. La metáfora sanitaria en tiempos “normales” vigente en el discurso policial para referir al enemigo (el delincuente joven varón y pobre cuya amenaza se expande ocasionando “inseguridad”) se hizo presente bajo nuevas formas (un virus letal cuya cura se desconoce) dejó en suspenso la “guerra contra el delito” y viró hacia la “guerra contra el virus”.

En este contexto, excepcional como lo es el de una pandemia en la que durante varios meses las calles solo estuvieron ocupadas por personal de salud y personal policial y las atribuciones de estos últimos se incrementaron, la “línea delgada” entre lo que se debe y lo que se puede se vio desdibujada. En la mayoría de los discursos de los entrevistados emergen rasgos de ambas matrices de sentido. En tal sentido, podríamos afirmar que los sectores juveniles quedan excluidos de la sociedad en los discursos. Especialmente aquellos que no trabajan, no estudian, crecen en familias disfuncionales. Las evaluaciones que involucran a los jóvenes ofrecen diagnósticos y recetas propias del paradigma de la seguridad y el orden público, reservándose un tratamiento democrático a aquellos que responden al “buen ciudadano”: el vecino, el trabajador, el joven que estudia y respeta la autoridad, el delincuente sumiso que obedece las directivas policiales en los procedimientos.

Simultáneamente, en las afirmaciones de los policías parece existir un umbral de tolerancia respecto de los ejercicios de los derechos y libertades por parte de la población, lo que marca cuando “el exceso” en el desempeño de sus funciones estaría justificado y cuando no: hay derechos y hay abuso de derechos, hay libertad y libertinaje, hay comportamientos juveniles tolerables y hasta esperables y hay otros que no se pueden permitir. En esas graduaciones ligadas a distintos contextos juegan las interpretaciones de la gestión de la inseguridad privilegiando un paradigma u otro, no sin matices y contradicciones, por lo que no se puede hablar de los discursos policiales como homogéneos sino de un entramado conflictivo construido en torno a los avances y retrocesos que experimenta la propia institución policial en nuestra historia más reciente.

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Fecha de recepción: 23 de octubre de 2023

Fecha de aceptación: 15 de diciembre de 2023

DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v21i54.1074

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* Está adscrito al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mcf.mariana@gmail.com

** Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: rociobaquero@gmail.com