DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v22i57.1145


Necrozona. Violencia extrema y juvenicidio en el Triángulo del Huachicol en Guanajuato 2018-2024


Julio Ulises Morales López*

Resumen. Se analiza la constitución de una necrozona en el Triangulo del Huachicol en Guanajuato, México, a través de las experiencias de violencia extrema hacia los jóvenes. Se abordan los conceptos de violencia extrema, biopolítica, necropolítica y juvenicidio, así se explora cómo estas dinámicas se territorializan conformando la necrozona. La metodología utiliza el enfoque de etnografía de la violencia dada por el enfoque de antropología de la violencia. Los hallazgos revelan la interacción entre cárteles del crimen organizado, fuerzas estatales y población civil, donde la violencia se ha normalizado y el silencio se ha convertido en una característica central ante sucesos semióticos con alta crueldad y sadismo. Se concluye que en la necrozona la vida de los jóvenes es devaluada, lo que refleja una crisis más amplia de gobernabilidad y derechos humanos.

Palabras clave. necrozona, violencia extrema, juvenicidio, huachicol, Guanajuato.

Necrozone. extreme violence and juvenicide in the huachicol triangle in Guanajuato 2018-2024

Abstract. The constitution of a necrozone in the Huachicol Triangle in Guanajuato, Mexico, is analyzed through experiences of extreme violence towards young people. The concepts of extreme violence, biopolitics, necropolitics and juvenicide are addressed, thus exploring how these dynamics are territorialized, forming the necrozone. The methodology uses the ethnography of violence approach. The findings reveal the interaction between organized crime cartels, state forces and the civilian population, where violence has been normalized and silence has become a central characteristic in the face of semiotic events with high cruelty and sadism. It is concluded that in the necrozone the lives of young people are devalued, reflecting a broader crisis of governance and human rights.

Key words. necrozone, extreme violence, juvenicide, biopolitics, necropolitics.

Introducción

El objetivo es analizar cómo la constitución de la necrozona del Triángulo del Huachicol (de aquí en adelante será solo las siglas TdH) en Guanajuato, México. Este análisis se realiza través de las experiencias de violencia extrema vividas por las personas jóvenes, explorando simultáneamente los diversos poderes que disputan el control de este territorio. El punto de partida temporal es la estrategia desarrollada desde 2018 por el gobierno federal para combatir el robo de combustible en todo el país. En este contexto se conceptualiza la necrozona bajo las características de violencia extrema y juvenicidio, proporcionando un marco de análisis para entender las dinámicas específicas de esta región.

A lo largo del texto, el lector encontrará un análisis de cómo las experiencias de las personas jóvenes moldean y reflejan la constitución de la necrozona. Se explora el contexto geográfico, económico y social del TdH, abordando la evolución de la economía ilegal de esta región. Luego una discusión analítico conceptual sobre violencia extrema, biopolítica, necropolítica y juvenicidio, desde lo cual se aterriza la conceptualización de necrozona. Posteriormente, se explica la metodología con el enfoque de etnografía de la violencia. En el subapartado de hallazgos se muestra la evidencia empírica de la violencia extrema y la caracterización de la necrozona. Finalmente, las conclusiones subrayan la urgente necesidad de reconsidera las estrategias de seguridad y desarrollo social en la región, esto a la par de garantizar la validez de los derechos humanos.

En México, la “Guerra contra el narco” tuvo inicio en 2006, cuando el gobierno mexicano tomó la decisión de enfrentar a los principales cárteles de la droga. A casi dos décadas de aquellos acontecimientos, las consecuencias han resultado ser por mucho costosas en todos los ámbitos. La ingobernabilidad se ha esparcido por varias geografías dando lugar a lo que gradualmente se ha denominado como el narco-gobierno y su relación con la necropolítica (Reveles, 2024), así la vida de las personas es tratada como objeto mercantil transitando a una deshumanización generalizada. Esto ha llevado a que la muerte se haya convertido en tema recurrente en cada vez más regiones del país. Una de estas zonas es el conocido TdH, donde el sufrimiento, el miedo y los homicidios de jóvenes son parte de la cotidianidad.

El TdH representa un contexto geográfico, económico y político que engloba al menos 9 municipios: León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Cortázar, Juventino Rosas, Tarimoro y Salvatierra. En esta región, el robo de hidrocarburos mediante la perforación clandestina de ductos pertenecientes a la Empresa pública paraestatal Petroleros de México PEMEX, ha sido la actividad central en la economía ilícita durante al menos tres décadas.


Fuente: mapa del Triángulo del huachicol (Editorial Milenio, 2019).


Adherido a la práctica de robo de combustible, conocida popularmente “huahicoleo”, los grupos delictivos han establecido una estructura de control y poder. Este entramado permite el desarrollo de una economía ilegal que obtiene ingresos mediante extorsiones, venta de productos robados, secuestros o hurtos a transportistas, tráfico y venta de droga y trata de personas (Pérez, 2020; Najar, 2019, Lorusso, 2019). Desde luego, que todo esto es factible con la participación, ya sea activa o pasiva de las fuerzas policiales y los gobiernos locales.

Estos 9 municipios mencionados conjuntan un total de 2,946,813 habitantes.1 Dentro de ellos, el municipio de Celaya ha sido destacado como el epicentro y el más relevante en el TdH, siendo sede del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), un grupo del crimen organizado que ha mantenido el control en la región durante décadas. Últimamente, el CSRL se ha visto disminuido por la llegada del autodenominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el cual ha desatado una encarnizada batalla por controlar este territorio.2


Fuente: mapa grupos de la delincuencia organizada de Reyes, Sánchez y Rostro (2022, p. 59, con datos de David Saucedo 2019).


Según Cruz (2010), una parte del crimen organizado encuentra sus raíces en estructuras originalmente creadas por el Estado para combatir esta misma criminalidad. Sin embargo, a lo largo de la interacción estas estructuras estatales se corrompen y los grupos delictivos adquieren mayor fuerza, acumulando experiencia, habilidades, estrategias y redes que ahora utilizan para cometer delitos.

Continuando con el contexto, en el municipio de Salamanca Guanajuato, se encuentra la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA). Esta refinería, junto con las de Minatitlán Veracruz y Tula Hidalgo, están interconectadas por una red subterránea, lo que resalta su importancia estratégica. En el año 2018, el robo de combustibles ocasionó al gobierno mexicano pérdidas por 60,000 millones de pesos, con un promedio de 1,145 pipas de 15,000 litros robadas diariamente, equivalente a aproximadamente 200 millones de pesos de pesos cada día (Luna, 2019).

Ante esta problemática, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex (Gobierno de México, 2018). Este Plan, que involucra la coordinación de 15 dependencias federales, tiene como objetivo combatir y erradicar el robo de combustible. El Plan implementado se convirtió en una transformación profunda del sistema de transporte de hidrocarburos, teniendo como eje central la vigilancia armada de todas las rutas de carreteras y de los oleoductos subterráneos, tarea para la cual se desplegó al ejército mexicano.

En este contexto, ocurrieron dos fenómenos significativos: en primer lugar, ante la perdida de sus principales ingresos provenientes del robo de hidrocarburos, el CSRL diversificó sus actividades delictivas, afectando gravemente a transportistas, empresarios de diversos sectores y sociedad civil en general. Esta situación ha desembocado en un escenario de violencia cotidiana, caracterizado por prácticas de extorsión, robo y asesinato, donde la ciudad de Celaya se ha convertido en el epicentro de estas acciones, cuyos efectos se expanden hacia los municipios contiguos. En segundo lugar, el gobierno federal inició una intensa persecución contra el CSRL. Como consecuencia, el grupo criminal rival, el CJGN, penetró desde la periferia del TdH hacia pequeñas localidades rurales estableciendo desde allí su estrategia de control territorial, así como otros grupos de delincuencia organizada con un control más local.

La suma de estos factores ha desencadenado una escalada de violencia extrema, ya que ambos cárteles se disputan los recursos provenientes de este territorio. Esto se traduce en constantes balaceras y ajusticiamientos entre miembros de los grupos, con los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno actuando como intermediarios involuntarios. Así lo que hoy se conoce como el TdH en Guanajuato se ha convertido en un escenario de guerra entre tres frentes definidos, donde la sociedad civil es atacada de forma constante, experimentando una socialización del sufrimiento público y la normalización de la muerte como elemento cotidiano.

En esta región de Guanajuato se ha desarrollado un fenómeno de violencia creciente y, aunque pudiese coincidir con lo que sucede en otras partes de México, presenta características particulares. La ineficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y de combate al crimen organizado no solo ha permitido no solo guerra abierta entre cárteles que se ha extendido más de un sexenio, sino que además ha provocado que los impactos de esta violencia permeen profundamente la vida cotidiana de toda la ciudadanía. Esta situación ha transformado la región en un escenario donde la violencia extrema se ha normalizado, afectando todos los aspectos de la vida social y comunitaria.

Geográficamente, el TdH no es homogéneo, tiene nodos donde la violencia se concentra en cifras impresionantes. Por sus altas estadísticas de homicidios, en años recientes la Ciudad de Celaya es considerada no solo como una de las más violentas de México, sino del mundo (El Correo, 2024). Esta lamentable categorización no es inédita para México; en el año 2009, ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nogales, Sonora, eran ya consideradas “las ciudades más violentas del mundo”, con cifras comparables a las de Irak, Somalia o Sudán (Azaloa, 2013).

Sin embargo, estos homicidios no son abstractos, tienen un rostro y perfil social definido. Son preponderantemente personas jóvenes que han sido atravesadas por las maquinarias de poder que rentabilizan los efectos diferenciadores de los cuerpos (Redacción AM, 24 de junio de 2024: Redacción AM 23 de enero de 2022; Animal político, 4 de diciembre de 2023). “Las vidas dañadas no son resultado de casualidad, sino de dispositivos diseñados para convertir en superfluas a personas que dejaron de ser “funcionales” para la reproducción social y económica en el mundo de hoy (Delgado, 2022, p. 47)

De 1990 hasta el 2017, la mitad de las víctimas de homicidio en todo México tenían entre 18 y 35 años, siendo esta la principal causa de muerte entre la población joven, tanto masculina como femenina. Estas estimaciones permiten analizar lo que el INEGI ha denominado “Años de Vida Potencialmente Perdidos” (AVPP), lo cual implica que cada joven víctima de homicidio dejó de vivir un promedio de 40.2 años para en el caso de los hombres, y 41.0 años en el caso de las mujeres. Esto representa una perdida invaluable tanto para la sociedad y para sus familiares cercanos (INEGI, 2019).

A la espera de que se publiquen las estimaciones oficiales de México correspondientes al año 2023, los datos del 2022 revelan un panorama alarmante. A nivel nacional, se registraron un total de 32,223 homicidios, lo que se traduce en una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. De estos, la entidad federativa que encabezó la lista con mayor número de casos fue Guanajuato, con 4,329 (3,468 hombres y 581 mujeres) (INEGI, 2023; INEGI, 2024). Estas cifras subrayan la gravedad de la situación en Guanajuato, destacando como la mayor zona de la violencia homicida en el país.

En cuanto a los homicidios registrados en el municipio de Celaya durante 2022 (INEGI, 2024), las estadísticas por rango de edad revelan un patrón preocupante expuesto en la siguiente tabla:


Los datos revelan una concentración de homicidios en los grupos etarios que abarcan desde la adolescencia hasta la adultez joven, específicamente entre los 10-14 y hasta 40-44 años. En el caso de Celaya, durante el año 2022, la suma de homicidios de este rango alcanzó la cifra de 3,037 personas, lo que representan el 9% del total de todos los homicidios a nivel nacional. Esta estadística resulta particularmente preocupante considerando que Celaya es un municipio relativamente pequeño en población, albergando apenas el 0.25% de la población total del país.

Es notable que, dentro de este rango, el grupo de edad más afectado es de 25 a 29 años, con 642 homicidios registrados. Esto coincide con la información periodística que coloca a estos grupos de edad como los más vulnerables y susceptibles a tener un desenlace fatal.

Si bien estos casos se clasifican oficialmente como homicidios, es decir, muertes individuales en el contexto de la violencia imperante, este documento busca analizarlos desde una perspectiva no personalizada sino sistémica, alineándose con al concepto de juvenicidio (Valenzuela, 2019, 2015, 2012; Reguillo, 2015; Gómez-Agudelo, 2018). Este enfoque permite comprender el contexto geográfico y social como una necrozona, ya que estas muertes tienen características claras de edad y clase social que coexisten en el TdH.

Muchas de estas muertes son resultado de ataques armados premeditados y planificados, cuyo objetivo no solo era terminar con la vida, sino también infringir dolor y sufrimiento. Además, estos de violencia extrema conllevan efectos performativos como una instrucción tácita que busca advertir tanto a liados como a enemigos sobre el uso de la violencia y el ejercicio del poder en la región

Horizonte analítico conceptual

Violencia extrema y biopolítica

Entiéndase por violencia, todas las afrentas evitables a las necesidades básicas y la vida, las acciones que reducen el nivel de vida hasta límites potencialmente riesgosos (Galtung, 2003). Si bien esta definición es operativa a los fines de la investigación, es necesario depurar esta conceptualización a una violencia mayormente radical, cercana a las dinámicas de guerra, que mantienen latente la posibilidad constante de muerte. Según Xabier Lizarraga (2001) para entender la violencia solo es posible en torno a las relaciones entre ejecutor y victima añadiendo la contextualidad y la relación diferencial entre estas, pero, además, es fundamental comprender que ninguna violencia deja de ser social y situada, lo cual señala, que toda violencia es social y doméstica.

En este sentido, se alude al concepto de violencia extrema de Véronique Nahoum-Grappe (2002a), el cual solo puede ser comprendido en el marco de violencia política de guerra. Este concepto hace referencia a las acciones de crueldad “exageradas”, dirigidas principalmente contra civiles y no necesariamente un ejército considerado como “enemigo”. Estas acciones trascienden el objetivo primario de apoderarse del territorio y del poder, introduciendo un nivel de brutalidad que va más allá de los fines estratégicos convencionales de un conflicto armado.

De esta forma, la violencia extrema se manifiesta a través de matanzas, torturas, sometimientos, violaciones sexuales y asesinatos, que conducen a una progresiva deshumanización de las víctimas. Estos actos no solo constituyen crímenes graves, sino que se caracterizan por una crueldad deliberada, para dar paso a una estrategia más amplia de limpieza, purificación o exterminio dirigida a determinado grupo o población, así no solo se infunde terror y se termina con la vida de las personas, sino que se ataca la dignidad y la identidad.

El concepto de violencia extrema, acuñado por Nahoum-Grappe comenzó a ganar relevancia en el contexto mexicano con el sistémico asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y el estado de México. Para Nahoum-Grappe “la crueldad añade una intención de hacer sufrir más todavía, y este “mas” añade al dolor un coeficiente de deshonra, de envilecimiento” (1993, p. 142. Las comillas son de la autora). Así esta concepción de la violencia extrema no solo busca causar daño, sino que incorpora la degradación y deshumanizacion de las víctimas.

Para Jacques Semelin (2002) la violencia extrema deberá entenderse como:


- un fenómeno cualitativo, como las atrocidades que pueden venir aparejadas con el acto de violencia y que algunos autores han llamado “crueldad”,

- un fenómeno cuantitativo, esto es, la destrucción masiva de poblaciones civiles no directamente implicadas en el conflicto. (Semelin, 2002, p. 4, las cursivas son del autor)


Existe una marcada diferenciación en los limites instrumentales que la violencia extrema ha sobrepasado. Llegando a reconocer el uso político de esas acciones violentas, incluso reconoce una estética propia orientada hacia la muerte sádica, que se convierte en el único medio de negociación para la continuidad de ciertos Estados criminales (Nahoum-Grappe, 2002b). Así la violencia extrema no solo se usa para el dominio político y territorial, sino que la crueldad ha transformado un lenguaje de comunicación y control social.

Adrián Galindo (2024) argumenta que, desde una perspectiva sociológica, la violencia extrema requiere un alto nivel de organización por parte de quienes la ejecutan. Solo así es posible atacar de forma extendida a un sector especifico de la población. Bajo este enfoque, el perpetrador debe estar profundamente convencido de su deber y lealtad hacia su autoridad, lo que permite considerar estos actos como acciones legitimas. Este proceso implica que el individuo deje de lado sus convicciones morales y religiosas particulares, reemplazándolas por los ideales de su grupo al que pertenece.

Para Delgado (2002) la “guerra contra el narco” no inició con la movilización del ejército, sino con la justificación de violencia que se abría paso de forma gramatical instrumentando y justificando cualquier crueldad posible en aras de mantener el control directo sobre los territorios y las personas consideradas “superfluas”, tomar control a costa de cualquier precio reduciendo a las víctimas en estadísticas.

La violencia extrema confunde o distorsiona las lógicas de ejecución y los medios empleados, lo que lleva a cuestionar ¿A quiénes benefician estos tipos de violencia y sobre quienes recae el peso del dolor y el sufrimiento que generan? Nordstrom y Robben (1995) sostienen que tanto la violencia como el poder son objeto de constante disputa, pero enfatizan que la violencia no puede ser comprendidas fuera de los términos de su función y objetivos. Por lo tanto, es importante dotar de interés teórico a aquellas dinámicas de la violencia extrema que, a primera vista, podrían parecer ilógicas o irracionales.

De esta forma, para abordar la violencia extrema que enfrentan las personas jóvenes en contexto del TdH, es fundamental referirse a los conceptos de biopoder y biopolítica desarrollados por Michel Foucault (1999; 1996; 1993). Estos conceptos proporcionan un marco teórico esencial para comprender la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, siendo particular la violencia sistémica.

Según Foucault, el poder se manifiesta a través de la instrumentalización de los cuerpos, siendo empleado como medio para gobernarlos, controlarlos, someterlos y administrarlos conforme a los mandatos de aquellos que han sido investidos de autoridad para tal propósito.

El poder se ejerce mediante la vigilancia, la disciplina y la normalización de sus mandatos, utilizando diversas instituciones como hospitales, escuelas, policía, cárceles, fábricas y familias, entre muchas otras. Estas instituciones no solo regulan la vida cotidiana de los individuos, sino que convierten la violencia misma en un mecanismo de control social, mientras que el castigo se erige como el ejercicio supremo de esa estructura dominante.

Como resultado, las personas se transforman en respuestas a las imposiciones que se ejercen sobre la individualidad disciplinada, marcada por dinámicas de sometimientos corporal. En este contexto, los sujetos asumen roles predeterminados dentro del sistema capitalista, lo que marca el nacimiento del biopoder. Este biopoder funciona como un mecanismo para administración de la vida, con el objetivo de reproducirse así mismo, manteniendo tanto sus simetrías como sus diferencias.

Foucault enfatiza: “El control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo” (1999, p. 366). Esta afirmación subraya cómo el poder no solo influye en las ideas y creencias, sino que se materializa directamente en sus cuerpos, lo que en el caso del TdH se instrumenta en sujetos perpetradores de violencia o víctimas, pero siempre reproduciendo la relación desigual.

En este mismo sentido el autor francés argumenta que “Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, lo corporal, antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una estrategia de biopolítica” (Foucault, 1993, p. 56). Esta afirmación sustenta la hipótesis de que el cuerpo humano ha llegado a ser reconocido, tanto política como socialmente, como fuerza de trabajo fundamental. En este sentido, la biopolítica emerge como un enfoque que se ocupa de abordar el problema de la vida misma, convirtiéndose en la política de la vida.

Continuando con Foucault, la biopolítica está directamente relacionada con el concepto de biopoder. Este biopoder incluye dos perspectivas que se enlazan, en primer lugar, la disciplina que se manifiesta a través de la anátomo-política del cuerpo; y, en segundo lugar, la biopolítica de la población. En este marco, el poder se vincula con el cuerpo al ocupar un espacio que permite múltiples opciones de comportamientos y acciones de fuerza. Por lo tanto, los procesos biológicos son asunto de interés del Estado (Romero, 2013)

Para concluir, Foucault aborda las tecnologías de gobierno que ejercen la biopolítica con el objetivo de preservar el derecho y la economía. En este punto, el autor realiza un giro narrativo al abandonar el discurso del poder para adentrarse en el concepto de “gobernar”. Así, el Estado implementa un enfoque intervencionista para priorizar la vida en aspectos como la estructuración de la familia, la natalidad, las formas de vida y de muerte; trata de explicar cómo se gobierna la vida y cómo se gobierna la muerte (Foucault, 1996).

Necropolítica y juvenicidio

El autor camerunés Achille Mbembe (2011) retoma los aportes de Foucault al respecto de biopoder y biopolítica y, basado en un locus enunciativo postcolonial, acuña el concepto de necropolítica. Este término se entiende como la economía de la muerte, o la producción de la muerte. A contra sentido de Foucault, Mbembe argumenta que las tecnologías de gobierno, en lugar de ejercer el poder para dar vida, establecen una relación entre la producción y poder que conlleva a una maquinaria de muerte. De esta forma, se mantiene la calidad de vida para ciertos sectores de la población mientras se propicia la muerte para otros (Mbembe, 2011).

¿Qué cuerpos importan y qué cuerpos no importan? De esta forma, para el autor camerunés existen procesos deshumanizadores que acompañan las vidas de las personas y actúan como maquinarias de muerte: el sexismo, el racismo, los procesos de esterilización forzada, pero también, puede ser incluidos otros como el infanticidio, el feminicidio, el juvenicidio, las muertes sistémicas y las formas de dominación a costa de la guerra, del dolor y el sufrimiento impuesto. Por lo tanto, ni matar ni dejar morir son iguales cuando existe una comparación de cuerpos ¿Quién impone la muerte a quién?

Así como se hace la distinción entre infancidio, femicidio, juvecidio significando la muerte individualizada de personas por categorías o grupos. Marcela Largarde (2006) profundiza en concepto de feminicidio. Para ella, este término significa una parte de la violencia sistémica que sufren las niñas y las mujeres, derivada de una reiterada violación a sus derechos. El feminicidio implica vidas relacionadas por la crueldad y la discriminación, propiciando procesos sociales deshumanizadores que culminan en el asesinato de las mujeres.

Esta distinción entre el femicidio y el feminicidio es una relación política que subyace, donde generalmente los hombres imponen hacia las mujeres sus deseos de poder, dominación y control, amparados por el sistema patriarcal y sus estructuras misóginas. Esta dinámica constituye la idea de menosprecio hacia las mujeres, favoreciendo la impunidad de los delitos cometidos contra ellas. Consecuentemente, los feminicidios, al ser sistemáticos, se convierten en un crimen de Estado, el cual tiene la misión de perpetuar el poder masculino, convirtiendo a todas las mujeres en seres crónica y profundamente inseguros (Russell, 2006).

Rita Segato (2016) plantea que los crímenes feminicidas contra las mujeres es una guerra sistémica o una nueva forma de guerra dirigida contra las mujeres como colectivo social focalizado. Este fenómeno se extiende de manera similar contra niñas, niños y jóvenes. Estas manifestaciones de crueldad presentan elementos indisociables del consentimiento de los Estados, quienes, junto con las acciones de otros grupos criminales y sujetos individuales, provocan que ciertos cuerpos se conviertan en escenario de conquista y guerra.

En el contexto del TdH en Guanajuato, Rocío Rosas (2018) y Rosas, Andrade y Bustamante (2021) señalan que los altos índices de feminicidios están enmarcados en los enfrentamientos entre los cárteles delictivos. Las autoras destacan que en la mayoría de estos casos se observan indicios de crueldad y un uso desmedido del poder, lo que revela su carácter sistémico e instrumental.

A partir del concepto de feminicidio, José Valenzuela (2015, 2019) propone el termino de “juvenicidio”, que pone el foco en la forma en la que viven las personas jóvenes y sus procesos de precarización, los cuales les orillan a experiencias de múltiples violencias, incluyendo la violencia extrema. “El juvenicidio alude a algo más significativo, pues se refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad, estigmatización, criminalización y muerte” (Valenzuela, 2015, p. 21).

Este fenómeno se correlaciona con la baja gobernabilidad de las instituciones y su ineficacia para garantizar los derechos humanos. En conjunto, estos factores generan complejos procesos de biopolítica que resultan formas de control y dominio sobre los cuerpos jóvenes. Valenzuela (2019) destaca que este control no solo posiciona a los jóvenes como víctimas, sino también como victimarios, pues han sido cooptados de múltiples formas, siempre en relación con la exposición a la violencia y el riesgo de muerte.

Continuando con Valenzuela (2012), él señala que, al igual que el concepto de feminicidio alude a su carácter político, instrumental y sistémico, el de juvenicidio da cuenta de una necropolítica donde existe un ocultamiento o tolerancia hacia el perpetrador. Por su parte, Reguillo (2015), Morales (2022) Gómez Agudelo (2018) y Salazar (2015) han enfatizado en la condición corporal de las personas jóvenes como elementos indispensables tanto para el actual sistema capitalista como para el sistema de economía delictiva.

Estos autores subrayan que el control de los territorios no es suficiente sin el control de los cuerpos, constituyendo un binomio indisoluble. Sirve de poco controlar el territorio sin las personas que lo trabajen. Por lo tanto, en el contexto del TdH, las mujeres y los hombres jóvenes están atravesados por una biopolítica y una necropolítica que, según las fuerzas en juego, los coloca ya sea como víctimas o como perpetradores de la violencia (Morales, 2022).

Retomando nuevamente a Valenzuela (2019), el juvenicidio es el exterminio masivo, producto de políticas y omisiones que sitúan a los jóvenes en zonas geográficas y simbólicas de muerte o necrozonas. Para David Márquez el necroespacio deviene del necropoder donde es común asesinar y desaparecer personas, de esta forma son sitios de exterminio con una mercantilización de la muerte, además, el autor posee una mirada hacia las subjetividades que confrontan (sin romantizarlos) estas dinámicas hegemónicas de violencia, así los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscan “re-producir vida en zonas de no-existencia” (Márquez, 2022, p. 137).

El TdH se erige como una necrozona, lo que puede ser entendido en consonancia con los estudios antropológicos de “las Zonas del silencio” encabezados por Claudio Lomnitz (2023). En este contexto, el componente comunicativo es imperante: lo que se dice y, sobre todo, lo que silencia; lo que se sabe, pero no puede ser nombrado o revelado. Esta comunicación, donde el silencio también es una forma de expresión, es el medio por el cual el crimen organizado expande su poder. De igual manera, las fuerzas policiales cooptadas por el crimen utilizan este mismo mecanismo. El silencio se manifiesta en ritmos, por tiempos definidos, y se vuelve eterno cuando se trata de asesinatos o desaparecidos.

Sin embargo, en este silencio, el rumor se convierte en un instrumento crucial. Los rumores son elementos de supervivencia en este contexto, proporcionando información vital que no puede ser expresada.

Las necrozonas, como la del TdH, representa una geografía claramente definida con lógicas de violencia extrema, donde la biopolítica y la necropolítica se territorializan. En estos espacios, la cultura se ha alienado a los poderes instrumentales en juego, y las personas han adaptado a sobrevivir acallando la muerte y la desaparición. La justicia, en estos contextos, parece inalcanzable, pues estos crímenes no se investigan, sino que se suman a los miles de muertos “colaterales” de esta guerra entre el crimen y contra el crimen organizado.

Como señalan Lomnitz (2023) Márquez (2022), las zonas del silencio se caracterizan por no tener “certezas jurídicas”, donde los derechos humanos carecen de valía. Este fenómeno se relaciona con lo que Maritza Urteaga y Hugo Moreno (2020) denominan desciudadanización, refiriéndose al estigma que recae en los grupos como los jóvenes. En este contexto, las personas jóvenes son simultáneamente construidos como sujetos perpetradores y víctimas de violencia extrema, son percibidos como una amenaza, como sujetos a controlar y, al mismo tiempo, como individuos prescindibles a los que hay que silenciar.

Metodología

La investigación se basa principalmente en un enfoque etnográfico, específicamente en la etnografía de la violencia. Adicionalmente, se enriquece con el análisis documental hemerográfico y fuentes secundarias.

El enfoque de etnografía de la violencia (Mendoza y Álvarez, 2018; Ferrándiz y Feixas, 2004) reconoce que el contexto de trabajo de campo está permeado por situaciones de riesgo, donde la experiencia de la violencia se manifiesta tanto en la mente como en el cuerpo de los sujetos de investigación. Lo anterior se alinea a lo que Nordstrom y Robben (1995) denominan “etnografía bajo fuego”, donde la seguridad personal del investigador se ve desafiada. El trabajo de campo en contextos de violencia expone a los etnógrafos a numerosos riesgos, convirtiéndose en testigos y en cierta medida, en participantes de las dinámicas de violencia que estudian

Para Florence Rosemberg (2019; 2013), la etnografía en tiempos de violencia requiere considerar cuidadosamente tres variables dependientes: 1) el tipo de información que se busca, 2) cómo se genera dicha información, y 3) cuáles son los riesgos para el etnógrafo. En cada una de estas variables, debe contemplarse la posibilidad de realizar cambios abruptos no solo en la planificación diaria, sino en el diseño general del trabajo de campo.

Según Nordstrom y Robben (1995) es fundamental reflexionar metodológicamente sobre cómo se lleva a cabo la etnografía en contextos marcados por la violencia extrema, como el caso de las guerras. Esto es relevante cuando la experiencia, la práctica y la violencia cotidiana son partes inherentes del trabajo de campo. Para lograr esto, es fundamental profundizar en las experiencias cotidianas tanto de víctimas como de perpetradores de violencia.

Estos autores señalan que la violencia posee capas intrincadas, donde cada testigo tiene su propia perspectiva, lo que puede resultar en variaciones significativas entre los testimonios. Además, subrayan la importancia de comprender las emociones inherentes a la violencia, como el miedo, el estrés, el sufrimiento y la desesperanza.

Por su parte, para Ferrandiz y Feixa, (2004), los datos empíricos derivados del trabajo etnográfico revelan cómo se producen, reproducen y contrarrestan las violencias. Este enfoque permite identificar quienes ocupan qué roles, qué discursos se utilizan, y qué instrumentos (como armas, elementos y recursos) se emplean para estos fines. Así también, Mendoza y Álvarez (2018) sostienen que la investigación etnográfica de la violencia facilita una comprensión situada de este fenómeno.

En el contexto específico del TdH, Morales (2022) señala que la etnografía de la violencia no solo evidencia los múltiples efectos de estas, sino que también cumple una función más allá de lo académico. La interlocución con los sujetos expuestos a estas violencias permite socializar el dolor y el miedo. El proceso de escucha se convierte en un intercambio que promueve la reflexión y la introspección del sujeto experiencial, especialmente cuando se trata de personas jóvenes. Este aspecto es particularmente relevante, ya que las expectativas culturales hacia los hombres y mujeres modulan las formas de conducirse y reaccionar ante la violencia extrema.

Por otra parte, el trabajo de campo se llevó a cabo desde junio de 2021 hasta enero de 2024. Este proceso no fue continuo, sino que se estructuró en periodos etnográficos intermitentes. Durante estos periodos, se aplicaron diversos instrumentos de investigación incluyendo entrevistas a profundidad, observaciones directas y observaciones participantes, diario de campo y charlas informales. Estos periodos de trabajo de campo intensivo fueron seguidos por fases de análisis de información desde gabinete, alternando con retornos subsecuentes al campo.

El estudio se centró en tres comunidades ubicadas en la periferia al suroriente de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estas comunidades se caracterizan por ser semiurbanas, con poblaciones que oscilan entre 1,000 y 3,000 habitantes. Por razones de protección de datos y confidencialidad, tanto las comunidades como de las personas interlocutoras serán identificados únicamente mediante numeración.

Las personas interlocutoras son 16 (9 hombres y 7 mujeres) con el siguiente perfil:

Tabla 1. Perfil de las personas interlocutoras para dar idea de las características

Interlocutor

Edad en años

Sexo

Escolaridad

Estado civil

Ocupación

Experiencia cercana con la violencia extrema

1

26

Masculino

Medio Superior

Casados

Albañil

Robo

2

19

Masculino

Universitario

Soltero

Obrero

Balacera

3

32

Femenino

Universitario

Casada

Empleada

Narcobloqueo

4

21

Masculino

Medio Superior

Soltero

Obrero

Ajusticiamiento

5

26

Femenino

Universitario

Soltera

Obrera

Balacera

6

33

Masculino

Secundaria

Separado

Empleado

Desaparición de familiar

7

26

Masculino

Secundaria

casado

Comerciante

Ajusticamiento

8

25

Masculino

Medio Superior

Casado

Obrero

Homicidio de familiar

9

25

Femenino

Medio Superior

Casado

Hogar

Narcobloqueo

10

28

Femenino

Secundaria

Casada

Vendedora

Desaparición de familiar

11

22

Masculino

Medio Superior

Casado

Carnicero

Narcobloqueo

12

24

Femenino

Medio Superior

Casada

Obrera

Ajusticamiento

13

31

Masculino

Medio Superior

Casado

Soldador

Ajusticamiento

14

28

Femenino

Universitario

Soltera

Contadora

Cobro o extorsión

15

30

Femenino

Secundaria

Casada

Empleada

Homicidio de familiar

16

20

Masculino

Secundaria

Casado

Obrero

Narcobloqueo



Tabla autoría propia con datos de trabajo de campo.


Todas las personas interlocutoras son parte de una red que he construido mediante la técnica “bola de nieve” a lo largo de los años. Algunos de ellos mantienen relaciones de parentesco entre sí. Se ha establecido un ambiente de confidencialidad mutua entre nuestros diálogos, lo que ha permitido desarrollar una confianza recíproca. Por otra parte, la información obtenida se transcribe y se analizó con la ayuda del software Atlas ti, lo que facilita la identificación de categorías relevantes, patrones y divergencias narrativas.3

La metodología se ha enriqueció además con el análisis de fuentes secundarias y datos de segunda fuente. Se realizó un seguimiento de medios periodísticos digitales y portales de noticias desde enero de 2022 hasta enero de 2024.

Este proyecto ha acumulado un histórico de 67 entrevistas a profundidad, de las cuales 16 son analizadas a detalle para este documento. Además, se han generado extensos diarios de campo y observaciones participantes que enriquecen el corpus de los datos.

Un elemento importante, es el seguimiento y análisis de noticias en vivo o transmisiones asincrónicas a través de plataformas como Youtube, de Facebook y otras redes sociales. Estas transmisiones son realizadas por reporteros locales que cubren los sucesos desde los sitios de ocurrencia. Al seguir las cuentas digitales de estos reporteros, se activan alertas de trasmisiones en mi dispositivo smartphone, lo que permite observar en tiempo real, así como la revisión posterior de las grabaciones para un análisis más detallado.

Este tipo de observaciones indirectas ofrece la ventaja de la sincronía de los sucesos, permitiendo experimentar emociones adheridas al suceso mismo, como las tensiones durante las balaceras y las descripciones en vivo de los reporteros. Sin embargo, es importante reconocer los posibles sesgos introducidos por el transmisor y su interés por crear una atmósfera interpretativa para mantener la atención del público.

Toda esta información recopilada a través de diversos métodos se organiza en un matriz valorativa descriptiva, que facilita el análisis sistémico y comparativo de los datos.

Hallazgos

Definición y característica de una necrozona

Desde mi perspectiva, las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y Salvatierra ubicadas en el TdH de Guanajuato constituyen una necrozona, significando un espacio social caracterizado políticamente por dinámicas de interrelaciones de violencia extrema cotidiana y sistémica. Es un contexto en disputa entre los poderes que allí confluyen, con dinámicas cuyos únicos limites son las negociaciones enmarcadas en las lógicas delictivas y sus acuerdos internos.

Esta necrozona constituye un sitio de riesgo vital y deshumanización. Es, preponderantemente, es una geografía claramente definida de dimensiones y profundidades que marcan una diferencia entre diversas posiciones de protección y desprotección. Aquí los códigos de silencio y comunicación son propios pues giran en torno a los que se debe silenciar y lo que se debe manifestar. Desde la experiencia de las personas jóvenes, su contexto de vida representa:


Se sabe que ya estás en Celaya cuando ya todo puedo pasar, es probable que te bajen del autobús y te encañone un grupo armado, o si la empresa de autobuses está pagando protección entonces la dejan en paz, pero aun así es probable que te toque un narcobloqueo y ya valiste... Toda la ciudad está sitiada y donde te muevas te puede caer una bala y sales en las noticias. (Interlocutor 4)

Es muy claro, pero no es solo de Celaya sino de toda esta región que incluye Celaya, porque los acuerdos no están solo en Celaya sino todos lados donde tienen control los narcos. Celaya, Salvatierra, Salamanca, Villagrán, Irapuato, así… Todo eso es la zona oscura por así decirlo, porque donde no manda el CSRL manda el CJNG pero no hay para donde hacerse. (Interlocutora 9)

Para allá detrás el Cerro Pelón [dice esto mientras señala con la mano y el dedo la dirección] están tres familias que mueven toda la droga por acá, ahí hay hartas fosas clandestinas, esos cerros era donde íbamos de chamacos a jugar y estaba limpio, ahora tiran cuerpos… Para aquel lado, hacia La Moncada o el Sauz ahí hace casi un año explotaron un carro bomba y mataron a dos policías y como cuatro quedaron heridos, según uno quedó ciego. Más para allá hacia La Gavia otro sitio de ejecuciones, ahí llevan a los que levantan por otros lados y según ahí le dan el tiro final. Por todos lados, un mapa de muerte. (Interlocutor 1)


La acumulación de portadas de nota roja periodísticas acompaña las narrativas de las personas, quienes poseen conocimientos y significantes de esta violencia. Existen aseveraciones topográficas que delimitan y dan certeza de esas profundidades, mayormente oscuras, como señala la Interlocutora 9. Sin embargo, la característica principal es la falta de certeza jurídica, como expuso en su momento Claudio Lomnitz.

Otros interlocutores señalan que ciertas localidades se han convertido en sitios de exterminio, mientras otros indican que cerca de su comunidad ahora son fosas clandestinas. Así la geografía se entremezcla con narrativas de crueldad, donde las personas aprenden a sobrellevar estas condiciones.

En la necrozona, el estado de derecho ha sido suplantado por un orden endeble. Aunque exista institucionalidad por medio de las policías y las demarcaciones políticas, ésta opera en un estado de ambigüedad. El discurso de la superioridad de las organizaciones criminales frente al disminuido poder de las policías, ha permeado en la percepción de las personas, quienes no esperan nada de las fuerzas del orden. Incluso, las consideran parte sustantiva del problema.

Así lo narran los Interlocutores 4 y 12 quienes presenciaron a un ajusticiamiento:


Primero, tenía como 3 minutos que se habían ido la policía estatal y municipal, yo creo que hasta se cruzaron por el camino o se pusieron de acuerdo para dejarles el paso libre. En eso llegaron los del CJNG traían gente parada en la caja como unas 6 personas, eran dos camionetas. ¿Cómo no las van a reconocer si se cruzan por el camino? Empezaron a disparar hacia adentro a donde cayera y hacia la oficina, pero cuando eso pasa no importa a cuantos maten, mientras más maten mejor. Nada más que alguien accionó la puerta eléctrica para cerrarla y desde fuera ya nada más lanzaron ráfagas. Al final, intentaron tumbar la puerta chocando contra ella, pero una camioneta se quedó atorada con la puerta y ya mejor se fueron.

Todo esto duró como unos 7 minutos, dicen que la bacera se escuchaba hasta el otro lado, que todos se encerraron en sus casas, pero la policía no escuchó. (Interlocutor 4)

Cada vez llega más policías, ahora está la Guardia Nacional pero las muertes siempre se incrementan. Tienen su cuartel cerca, deberían llegar pronto cuando hay algún problema, pero siempre llegan cuando ya todo acabó. Esa vez [del ajusticiamiento donde un grupo armado asesinó a dos personas] llegaron cuando ya todo había pasado. Así no detienen a nadie, ya solo llaman a otros que recojan los cuerpos y se acabó. (Interlocutor 12)


De las 16 personas entrevistadas, ninguna tiene confianza en la policía, la mala percepción es mayor tratándose de la policía municipal y policía estatal, mientras la Guardia Nacional la consideran como neutral o sin protagonismo. La pésima percepción sobre la policía municipal y estatal es porque se cree que fueron aliados del CSRL en los años dorados del robo de combustible. Incluso dos Interlocutores señalan que la policía ha perpetrados sucesos de desaparición y homicidio.


Sabemos que a mi tío lo detuvo la policía estatal, porque hay testigos de eso, otras personas que estaban con él lo dijeron. Lo buscaron mis abuelos y toda la familia, luego como a los 11 días, nos avisaron que lo encontraron tirado. Fue mi padre y mis abuelos rápido [aquí hace una pausa corta mientras su rostro recae en un semblante de rabia]. Si era él. Y la forma en la que estaba era indigna, le habían hecho lo peor. (Interlocutora 15)

Desde hace tiempo los del CSRL está matando policías, tiene poco tiempo que empezó la guerra contra ellos, pero no es la guerra contra todos ¿Por qué a la Guardia Nacional no le hacen eso?, solo a los municipales. ¿Por qué? Ellos trabajaron para el CSRL y ahora se cambiaron con los de CJNG, ahora hasta los policías de tránsito que están en los semáforos los están acribillando (Interlocutor 11)

Deshumanización y juvenicidio

El control de los cuerpos jóvenes por la maquinaria de muerte los posiciona en situaciones relativas complejas. Los cárteles en disputa buscan seducirlos y convencerlos para integrarse a sus fines por distintos medios. Por un lado, los ven como potenciales consumidores de droga o cuerpos traficados. Por otro, los consideran como posibles vendedores, sicarios, halcones u otros roles dentro de la organización. Además, incluso cuando no tienen ningún vínculo directo con el crimen organizado, los jóvenes se vuelven sujetos rentables a través del cobro de extorsiones. De una forma u otra, la maquinaria que genera ganancias buscar beneficiarse de ellos, asediándolos constantemente y socializando su cotidianidad con la influencia violenta que emana de las actividades de los cárteles.

Paralelamente, las fuerzas policiales también son sujeto de asedio, la observación directa y las entrevistas evidencian en el imaginario policiaco existe una vinculación predeterminada de los jóvenes con la criminalidad, lo que se usa como argumento para detenerlos y extorsionarlos. Sin embargo, el acoso policiaco no es algo menor y, en un contexto como el TdH cometer imprudencias puede resultar fatal.

De esta forma, la población joven está expuesta a amplios riesgos, pues todas estas fuerzas actúan con impunidad mientras la sociedad civil puede hacer muy poco para frenar estos fenómenos. Esa situación ejemplifica cómo las personas jóvenes son simultáneamente construidas como perpetradores y victimas, percibidos como una amenaza a controlar y, al mismo tiempo sujetos prescindibles a los que hay que silenciar. A continuación, se muestran un fragmento de entrevista que dan cuenta de lo anterior:


De los de mi generación, de los que fueron conmigo a la secundaria ya somos pocos los que seguimos vivos: desaparecidos, muertos u otros ya no se supo nada… Pero también, aquí llega vatos (chavos) que quien sabe de dónde vienen, llegan muchos, serán migrantes o viene de otros lados, vienen a trabajar en el trasiego, a ser halcones. Llegan y nada más están dando vueltas con su bicicleta y solo van de un lado a otro llamando con su celular.

Ya después de tiempo se hacen conocidos y ya nos dicen que trabajan vendiendo droga, me ofrecen. Pero no, por eso ya quedamos pocos porque los demás si la aceptaron.


Entrevistador: ¿Te ofrecen para vender o para consumir?

De las dos, primero para consumir, te la quieren regalar, luego como no aceptas te dicen cuánto puedes ganar por vender, por eso aquí todos venden, porque les ilusionan con ganar mucho, pero si no les cumples, ¡adiós, hasta ahí llegaste!


Entrevistador: ¿Qué les hacen a los que venden y no pagan?

Se las cobran y si no pagan los desaparecen, y ya llegan otros nuevos.


Entrevistador: ¿Y la policía qué les hacen?

Ellos también te desaparecen, pero solo si no pagas porque si pagas pues andar como si nada, no los detienen ni nada.

Si a uno lo detienen solo por estar ahí sentado en la calle.


Entrevistador: ¿Te ha detenido la policía, y qué te hace?

Hartas veces, yo digo que ya hasta me han de conocer… nos ponen contra la pared y nos revisan, nos quitan nuestros teléfonos, que para buscar pruebas… y ya no los devuelven… nos amenazan o nos encañonan. No les podemos reclamar porque también ¡hasta ahí llegas!


Entrevistador: ¿A alguien se lo han llevado? ¿A cuántos? ¿Qué pasó con ellos?

Si, como a unos 6… los levantan. A unos se los llevan y ya luego los dejan ir, pero los amenazan, a otros se los llevan y los golpean, con las armas les pegan en las costillas, eso nos han dicho que les hacen, ya cuando llegan todos morados del cuerpo.

Hubo 1 o 2 que ya no los volvimos a ver, les preguntamos a sus tíos o a sus hermanos ¿Qué pasó con el este o con el otro?, y dicen que no saben, no nos dicen mucho o más bien no quieren decir… Yo creo que los desaparecieron porque yo que sepa su familia si los han buscado. O también se pudieron ir de aquí. (Interlocutor 6)


El abuso policial narrado por el Interlocutor 6 evidencia lo que Elena Azaloa (2013) y María Pita (2019) argumentan en sus investigaciones: este es el resultado de la ineficacia de las políticas de seguridad y contención del crimen organizado. Los principales sujetos víctimas son los jóvenes, a quienes el imaginario relaciona con la delincuencia y en quienes la policía se ensaña para mostrar dominio del espacio público.

Esta actuación de las fuerzas policiales es parte de las dinámicas de poder en el TdH. No solo disputan el poder, sino que también imponen miedo, agregando riesgo a la vida. No es menor que se les asocie con golpizas o desapariciones; actúan con impunidad, pues en la narrativa de los jóvenes no existe la valía de derechos humanos o la justicia, siendo la policía parte constitutiva de esa muerte sistémica.

Además de la violencia sistémica hacia las personas jóvenes, este juvenicidio debe entenderse como ese proceso de deshumanización que corta las expectativas y sueños al respecto del futuro. Todas las personas relacionadas con esta investigación han estado vinculadas a procesos de violencia extrema, han sufrido los efectos de la muerte en carne propia y les ha dejado estigmas y traumas, algo como lo expuesto por Nahoum-Grappe (2002a) que el dolor de la violencia extrema es persistente en el cuerpo y se lleva consigo a un después de mucho tiempo.

Como se demostró en el subapartado introductorio, los homicidios de jóvenes es un dato con evidencia estadística contundente en este contexto. Este fenómeno no solo es significativo en términos numéricos, sino que la forma en la que se llevan a cabo revela elementos de crueldad y sadismo propios de un escenario de guerra. La violencia extrema no solo busca causar daños, sino que incorpora la degradación y deshumanización. En este marco ¿Cuáles son efectos de esa guerra en la experiencia de los jóvenes? Aquí otro fragmento de entrevista:


Según, le dejaron ir nada más 28 balazos, ¿Son muchos no? Con unos 5 máximo hubiera sido suficiente, pero quedó destrozado… Yo digo que la idea o más bien la intención era que la familia le costara reconocerlo como para que cueste más trabajo reclamar el cuerpo y esas cosas. Pero la familia debe sufrir mucho más que la misma persona fallecida, porque son ellos quienes ahora sufren, el muerto ya no sufre. (Interlocutor 5)

Cómo saber si él [su primo de 26 años] está enterrado aquí cerca en las tumbas clandestinas o está lejos por allá por la frontera. Lo que nos han dicho es que lo mataron, pero no sabemos que hicieron con él, Lo salimos a buscar, pero ¿Por dónde? Imagínese, aquí vinieron a tirar cuatro cabezas, solo las cabezas… llegaron las patrullas y las levantaron, luego por las noches balaceras ahí no mataban a nadie solo estaban tirando balas. De esas cabezas ¿dónde están los cuerpos? ¿Qué otras familias como la mía estarán buscándolas? (Interlocutora 10)


Esta violencia extrema solo puede entenderse con relación a los procesos de necropolítica situando una deshumanización y un ataque a la condición política de las personas jóvenes. El impacto psicológico es profundo, ya que el juvenicidio no solo afecta a la victimas sino también destruye las expectativas y los sueños de una generación, creando procesos de trauma generalizado y llevando los efectos dañinos hacia los familiares y la sociedad general.

Así mismo, aunque culturalmente la violencia se ha enraizado hasta niveles normalizados, las personas advierten excesos y sadismos, la descripción de los 28 balazos, es un nivel de crueldad similar al estudiado en los casos de feminicidios en Ciudad Juárez, donde la barbarie transciende la mera eliminación física, buscando que el impacto del dolor se extienda lo máximo posible en esta semiótica de provocar la muerte. Es el mismo caso de las cuatro cabezas expuestas. En la necrozona existe una especie de necromancia que asigna misiones a los muertos, buscando comunicar un necromensaje a través de la selección y exposición pública de partes del cuerpo, dotándolas de un sentido político. Esto está en sintonía con lo dicho por Adrián Galindo (2024) quien subraya que el poder busca extender el impacto comunicacional de cualquier muerte.

Un elemento de atención de esta necrozona es el silencio. Un primer indicio de este fenómeno se evidencia en la imposibilidad de difundir ampliamente lo que ocurre en la necrozona. De los 16 Interlocutores, las 7 mujeres y 4 hombres afirman no haber hablado del suceso de violencia extrema que les aconteció. Esta reticencia parece surgir tanto de un riesgo percibido asociado a la divulgación, como de una falta de confianza para hablar al respecto en un contexto tan complejo y con poderes imbricados.

En consecuencia, el juvenicidio debe ser acallado. No solo no hay reclamo de justicia, sino que el dolor se guarda, se esconde y se carga como un estigma. Ninguno de los sujetos Interlocutores reconoció que las víctimas o sus familiares busquen esclarecer los hechos o busquen justicia, mucho menos la reparación del daño. Esto plantea la pregunta: ¿El silencio es un mecanismo de sobrevivencia? O ¿Han sido despojados hasta de la posibilidad de hablar de lo sucedido? Se establece así una dinámica de silencio y miedo frente a silencio y estrategia.

Sin embargo, este silencio es utilizado para expandir el dominio de los cárteles, creando un ambiente de complicidad forzada. Se trata de acallar a quienes alguna vez tuvieron vida, a quienes están vivos (como se interpreta en el suceso de las 4 cabezas), y de transmitir una comunicación a través de cabezas silenciadas. Por lo tanto, en la necrozona del TdH, el silencio no representa una ausencia de comunicación, sino un complejo sistema de significados que refuerza y refleja las dinámicas de poder.

Reflexiones finales

Este estudio ha revelado la complejidad y la crisis de seguridad y violencia que sufre Guanajuato, con un enfoque particular en su impacto sobre las juventudes. A través de un análisis crítico y una metodología etnográfica especifica se han expuesto dinámicas que constituyen la necrozona del TdH a la par de los poderes que disputan el control de cuerpos-territorios.

La investigación mostró que la necrozona es un ecosistema complejo de violencias de diferentes magnitudes donde la violencia extrema ha sido normalizada y territorializada. El concepto de necrozona permite entender cómo la biopolítica y la necropolítica se materializan en un espacio concreto, creando un ambiente donde la vida, especialmente la de los jóvenes, es sistemáticamente devaluada.

Un hallazgo relevante es la “cultura del silencio” como mecanismo de adaptación, el cual lejos de ser una ausencia de comunicación, funciona como un sistema de significados que refleja y refuerza las dinámicas de poder en la región. Emociones como el miedo y la desconfianza asociados al silencio, han llevado a ampliar los efectos de las muertes hacia una complicidad obligada, lo cual reitera el ciclo de violencia e impunidad.

La violencia extrema en el TdH no es un simple medio para un fin, sino que se ha convertido en un lenguaje semiótico en sí mismo. Los actos de crueldad, como las ejecuciones públicas y la exhibición de los cuerpos fragmentados, funcionan como una forma de comunicación que busca difundir terror y establecer dominio sobre la población.

Por otra parte, es relevante reconocer los desafíos éticos y de seguridad que conlleva este tipo de investigaciones etnográficas. La protección de la identidad de las personas y de sus comunidades han sido prioridad absoluta. Además, el proceso de escucha y documentación de experiencias traumáticas requiere una sensibilidad especial y puede tener un impacto emocional significativo en la persona investigadora, es necesario tomar estrategias de autocuidado y contención emocional en estos casos.

La etnografía de la violencia ha servido para entender la compleja situación de la juventud en el TdH, revelando la simultánea condición como víctimas y perpetradores de violencia. Este enfoque permitió profundizar en los procesos de deshumanización que ocurren en este contexto, así como las estrategias de supervivencia adoptadas. Además, ha sido importante para desentrañar cómo la violencia extrema se ha convertido en un ejercicio de comunicación y control social que termina por reconfigurar las dinámicas sociales y personales.

El estudio de la violencia extrema y sus formas de arraigo en la necrozona representa una valiosa línea de investigación para futuros trabajos. Es necesario profundizar en el análisis especifico de cómo esta violencia afecta a diferentes grupos de edad juveniles y realizar estudios comparativos entre géneros. Además, se requiere un examen exhaustivo del papel que desempeñan las fuerzas policiales, evaluando su influencia en la contención, el combate o la permisividad hacia las actividades de los grupos del crimen organizado. Estas líneas permitirán una compresión más detallada y matizada de las dinámicas de violencia en el contexto de la necrozona.

También, es importante señalar que, si bien este estudio se ha centrado en las dinámicas de violencia extrema y juvenicidio en el TdH, no se han abordado posibles formas de resistencias en estos contextos. Esta omisión, aunque necesaria para mantener un enfoque de análisis, resulta una deuda en la investigación. Como señala David Márquez (2022) en su estudio sobre necroespacio anteriormente citado, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas están activamente confrontando y resistiendo en contextos de muerte generalizada. Futuras investigaciones deberán explorar esta ruta para comprender cómo sujetos y comunidades responden y se organizan frente a la violencia extrema.

Para cerrar, son necesarias políticas públicas de salud que atiendan los efectos de la sobreexposición a estas y otras violencias para la juventud en general y sus familias, pero con énfasis diferenciados en el género y en la edad. Así como oportunidades de desarrollo social y económico. Fomentar iniciativas comunitarias de reconstrucción del tejido social que promuevan la recuperación de espacios y la garantía de derechos humanos en contextos situados. Desde luego, no está demás decir que nada de esto último será posible sin un cambio de rumbo en la contención y disminución de la violencia, ya que hasta ahora las políticas de combate a la delincuencia y de seguridad arrojan datos cuantitativos y cualitativos decepcionantes.

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Fecha de recepción: 30 de julio de 2024

Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2024


DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v22i57.1145


  1. 1 En cuanto a población León tiene 1,579,803 habitantes, Celaya tiene 378,148 habitantes, Irapuato tiene 452,090 habitantes, Salamanca tiene 160,682 habitantes, Villagrán tiene 65,791 habitantes, Cortázar tiene 97,928 habitantes, Santa Cruz de Juventino Rosas tiene 82,340 habitantes, Tarimoro tiene 35,905 habitantes y Salvatierra tiene 94,126 habitantes (INEGI, 2024a).

  2. 2 Además del CSRL y el CJNG, hay agrupaciones de la delincuencia organizada con menor presencia como La Unión de Léon UdL, Cárteles Unidos CU, Fuerzas Especiales Grupo Sombra FEGS, Caballeros Templarios CT.

  3. 3 Se han usado herramientas de Inteligencia Artificial para buscar bibliografía como Research Rabbit y Consensus.

* Investigador SECIHTI-CIESAS Pacífico Sur. Correo electrónico: jumoraleslo@secihti.mx

Volumen 22, número 57, enero-abril de 2025, pp. 55-90
ISSN versión electrónica: 2594-1917
ISSN versión impresa: 1870-0063