18_A_Violencia

DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v22i58.1199

Violencia juvenil en la Ciudad de México: factores criminológicos y estructurales del homicidio

Mario Pavel Díaz Román*

Carolina Jasso González**

Luis Bravo Govea***

Resumen. Este artículo examina el fenómeno del homicidio juvenil en la Ciudad de México utilizando un enfoque mixto que problematiza los elementos teóricos del juvenicidio y la sociología del delito. A través de un análisis orientado a variables, se investigan factores como el grado de marginación, el nivel educativo, la presencia de crimen organizado, la venta de alcohol y la disponibilidad de armas de fuego. Los resultados revelan una asociación significativa entre estos factores y el riesgo de homicidio juvenil, subrayando la necesidad de un análisis más exhaustivo. Esta investigación contribuye a la acumulación de evidencia empírica, destacando la relevancia del juvenicidio como categoría para entender la muerte violenta de la población joven.

Palabras clave. Juvenicidio; crimen organizado; violencia; Ciudad de México; marginación.

Youth violence in Mexico City: criminological and structural factors of homicide

Abstract. This article examines the phenomenon of youth homicide in Mexico City using a mixed-methods approach that critically engages with the theoretical frameworks of juvenicide and the sociology of crime. Through a variable-oriented analysis, it investigates factors such as levels of marginalization, educational attainment, the presence of organized crime, alcohol sales, and the availability of firearms. The results reveal a significant association between these factors and the risk of youth homicide, underscoring the need for more comprehensive analysis. This research contributes to the accumulation of empirical evidence and highlights the relevance of juvenicide as a category for understanding the violent deaths of young people.

Key words: Juvenicide; organized crime; violence; Mexico City; marginalization.

Introducción

En enero de 2024 diversos hechos captaron la atención de la población de la Ciudad de México. Ya sea por noticieros o redes sociales se difundieron imágenes y videos. Reyertas entre grupos criminales que operan en el barrio de Tepito derivaron en un par de homicidios relacionados. El primer evento ocurrió en la madrugada del día 13 de enero a las afueras del Deportivo Maracaná, el saldo: un muerto (Brandon N) y cuatro heridos por arma de fuego, todos ellos menores a los 21 años. El fallecido del Maracaná era primo de David S “El Piwi”, líder de un grupo de pistoleros asociados a la Unión Tepito, quién previamente había estado preso en un par de ocasiones acusado de delitos contra la salud. En respuesta al asesinato de Brandon N, “el Piwi” organizó a un grupo de 5 jóvenes –en promedio 22 años–, con el incluido, para dar muerte a un miembro del grupo que participó en el asesinato de su primo –4 hombres en total–, el resultado fue un muerto de 17 años por arma de fuego y la detención del grupo de “El Piwi”. En declaraciones David S aseguró que planeaba una masacre como respuesta al asesinato de su primo, por fortuna las autoridades pudieron detenerlo minutos después del primer asesinato.

Los hechos referidos son de interés analítico. Exhibe a los jóvenes, grupo etario entre los 15 y los 29 años, como víctimas y agresores; pueden actuar de manera grupal y, presuntamente, se relacionan o podrían formar parte de grupos criminales con intereses en mercados ilegales varios, como el de las drogas y la extorsión. Contextualmente desvela la circulación de armas de fuego y un entorno marcado por la desigualdad y la marginación de larga data. En suma, elementos que convergen en tiempo y espacio que podrían llegar a estar presentes en la ocurrencia y en la formación de contextos proclives a la ocurrencia de homicidios dolosos.

Sin embargo, y más allá de la narrativa previa y enfatizando marcos analíticos, el fenómeno en si es objeto de estudio desde distintos enfoques. En ellos destacan los estudios de demográficos y de la salud pública que visualizan el efecto cohorte en la acumulación de homicidios en varones jóvenes (INEGI, 2023) tendiente a una constante entre distintas formaciones sociales (UNODC, 2023), además del impacto del homicidio en temas relacionados con la esperanza de vida (Aburto et al., 2016) y con las distintas transiciones en el curso de vida y en modificaciones de los arreglos familiares (Ramírez-de-Garay y Pérez Amador, 2019). Por otro lado, desde la sociología del delito y la criminología, se enfatizan en los factores asociados a la ocurrencia de homicidios en la cohorte de referencia, en especial tomando en cuenta variables de estructura y facilitadores del delito (Browne et al., 2014). Por último, y desde una perspectiva crítica emanada desde la región, surge el enfoque del juvenicidio que intenta dar cuenta de realidades de exclusión sistemáticas hacia la juventud y cuya última expresión es el homicidio (Valenzuela, 2015).

Así, pues, el objetivo del presente artículo es presentar una investigación orientada a variables que encarne una problematización de elementos teóricos propios del juvenicidio y de la sociología del delito, en especial de los facilitadores del delito, para ponerlos a prueba vía el ajuste de un modelo de regresión. Para ello, la argumentación se divide en cinco apartados. En el primero se presenta un planteamiento general. En la segunda una fundamentación teórica donde resaltan los principales argumentos y los trabajos más relevantes. Posteriormente se exponen los datos y el método. Posteriormente se presenta la discusión de resultados de cara a la evidencia acumulada. El artículo cierra con las conclusiones.

Planteamiento

El homicidio doloso es la expresión máxima de crimen violento y violencia interpersonal. Su comportamiento a lo largo del siglo XX fue de un descenso sostenido (Knigth, 2014), acompasado con una disminución, en general, de la mortandad en la población mexicana, ganancias notables en la esperanza de vida (Mina, 2010). No obstante, la tendencia a la baja empezó a manifestar señales de agotamiento en las dos últimas décadas del siglo y la tendencia se revirtió hacia un franco incremento, teniendo como punto de inflexión en 2008, con su sustancial aumento y concentración en regiones específicas del país1 (Díaz, 2016).

Por su relevancia analítica y su impacto en la seguridad pública y en la paz en general, el estudio del homicidio ha generado una línea de investigación propia. Esta va desde los estudios descriptivos (Escalante, 2009) hasta estudios inferenciales que intentan desvelar los factores asociados según diversas perspectivas teóricas (Díaz, 2016; Ramírez, 2014) o el impacto del homicidio en la esperanza de vida (Aburto et al., 2016, Canudas et al. 2015) además de investigaciones que asocian la ocurrencia de homicidios y su dependencia espacial con elementos asociados al crimen organizado (CO) y la respuesta estatal ante éste (Calderon et al., 2015; Dell, 2015; Osorio, 2015; Osorio, 2013; Ramírez-de Garay, 2016). No obstante, y más allá de que en la literatura criminológica cuantitativa a las variables de composición sociodemográfica- género y cohorte- se les considera como variables de control (Land et al, 1990), empiezan a surgir investigaciones que focalizan su interés ya sea en el género (Valdivia, 2012; Valdivia y Castro, 2013) o en la cohorte (Alvarado, 2013; Alvarado, 2014a; Alvarado, 2014b).

Sobre esto último, llama particularmente la atención tomando en cuenta que tanto en México (INEGI, 2023) como a escala global (UNODC, 2023) el conjunto de homicidios se concentra en los jóvenes, tanto en el rol de víctima como en el de victimario (Cook y Laub, 1998). el supuesto es que en “poblaciones con grandes proporciones de jóvenes proveen mayor soporte tanto para víctimas como para perpetradores del crimen porque sus estilos de vida los ubica en situaciones tendientes al crimen y a la violencia” (McCall et al. 2008, p. 724), en especial por el involucramiento en actividades no supervisadas y allende al marco legal y la influencia del grupo de pares (Schrek, 2014). En cuanto a la evidencia acumulada se tienen los estudios de corte descriptivo que desatacan patrones y tendencias (Alvarado, 2013; Alvarado, 2014a; Alvarado, 2014b), investigaciones desde la salud pública que revelan el impacto del homicidio juvenil en la esperanza de vida (Gónzalez-Pérez y Vega-López, 2017; González-Pérez y Vega-López, 2019) y los aportes que desvelan los factores asociados, principalmente sociodemográficos, con la ocurrencia de homicidios en este grupo etario (Escamila-Mejía et al. 2020; González-Pérez y Vega-López, 2021).

Así, pues, y más allá de la relevancia pública y temática, en la evidencia acumulada se identifica un vacío. A la fecha no existen investigaciones dónde concurran elementos propios de la tradición de la sociología del delito que muestren los factores asociados al homicidio juvenil (Browne et al., 2014) con enfoques o elementos de nuevas perspectivas analíticas como el juvenicidio (Valenzuela, 2015) que retoman planteamientos de carácter estructural sobre todo en contextos locales marcados por el descenso del homicidio en general y con una amplia disponibilidad de datos2 como sería el caso de la Ciudad de México. Para subsanar esta ausencia, resulta necesaria una exposición y discusión teórica de los principales enfoques y perspectivas analíticas, lo cual constituye el propósito de la siguiente sección.

Desarrollo teórico

Identificar las características, contextos y correlaciones del homicidio juvenil requiere una sólida fundamentación teórica y un análisis riguroso de la evidencia. En esa tesitura, se parte de la premisa de que el fenómeno puede explicarse desde una perspectiva mixta, que combine la problematización de los factores facilitadores del delito identificados en la literatura criminológica, con los planteamientos del enfoque del juvenicidio. Este marco permite explorar las especificidades del homicidio juvenil en el contexto mexicano. Con base en ello, se discuten dos dimensiones principales: el concepto de juvenicidio y los facilitadores del delito.

El concepto de juvenicidio tiene en el centro una problematización de las causas estructurales de la violencia. Es una categoría que busca dar cuenta de realidades de exclusión sistemáticas hacia la juventud cuya última expresión es el homicidio. Esta propuesta se vincula con otras aproximaciones que buscan analizar distintos tipos de violencia sistemática.3 Para este caso, juvenicidio se relaciona con otros fenómenos como el genocidio, etnocidio y feminicidio.

En esta clave, el juvenicidio no alude simplemente a la muerte violenta de personas jóvenes, sino que incorpora elementos contextuales y estructurales que explican su victimización (Sierra, 2011). El concepto pone el acento en condiciones sociales precarias que afectan a un sector específico de la población juvenil, en muchos casos atravesado por procesos de racialización, género, clase o nacionalidad (Valenzuela, 2015, p. 15), configurando lo que algunos autores denominan “vidas desechables” (Becerra-Romero, 2022).

Desde esta perspectiva, el rol del Estado resulta central, en tanto actor que puede reforzar o contrarrestar los mecanismos de inclusión y exclusión social. La ausencia del Estado en la provisión de bienes públicos y la redistribución de la riqueza puede generar sistemáticamente condiciones de vida precarias. En contextos violentos, ello se traduce en vulnerabilidad y exposición al homicidio (Tello, 2023). Esta exclusión estructural conlleva la negación efectiva de derechos fundamentales como la educación, el empleo, la vivienda, la salud o la seguridad social, y produce dinámicas de precarización, pobreza, desigualdad y estigmatización (Roldán, 2020), que a su vez normalizan la violencia.

Valenzuela (2015) aplica este marco analítico al caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, mientras que Chacón (2020) lo utiliza para analizar las consecuencias del uso de armas de fuego en jóvenes que resultan lesionados, pero no asesinados. Asimismo, en distintos países de América Latina se ha utilizado el concepto para interpretar fenómenos particulares: en Brasil, el genocidio de juventudes negras (Feffermann, 2015); en Colombia, la violencia ejercida en el marco del conflicto armado y la protesta social (Muñoz, 2015; Amador, 2022; Feixa, 2021; Seca, 2022); y en Argentina, los casos de brutalidad policial (Bonvillani, 2019).

La singularidad y potencia analítica del concepto radica en su capacidad para explicar procesos de violencia sistemática que afectan a juventudes del sur global, al mismo tiempo que permite articular distintos factores de vulnerabilidad juvenil. En este caso, y por su relevancia empírica, se resaltan tres dimensiones: la marginación; la seguridad social y la educación.

El primer factor de vulnerabilidad es la condición socioeconómica. Según el PNUD (2020), en México el 6.6% de la población (8,284 mil personas) vive en situación de pobreza multidimensional y otro 4.7% está clasificado como vulnerable a la pobreza multidimensional (5,978 mil personas). En este tenor, Zaluar (2004), examina la relación entre marginación y homicidios sin encontrar una relación directa, mientras que Schedler (2014) identifica la marginación como una de las causas estructurales de la violencia organizada, aunque no necesariamente con efectos lineales. Díaz (2016, por su parte, problematiza cuestiona si la pobreza y la desigualdad influyen de forma directa en los niveles de homicidio, sugiriendo que los índices de marginación no presentan una relación significativa con las tasas de homicidio.

En línea con esto, Millán (2019) concluye que la pobreza puede influir en la violencia solo de forma indirecta, particularmente cuando coexiste con formas de criminalidad organizada. Así, la marginación no sería un factor determinante por sí mismo, aunque puede generar condiciones propicias para la violencia al limitar el acceso a bienes básicos y satisfacer necesidades fundamentales.

El segundo factor de vulnerabilidad es la falta de seguridad social, entendida no solo como acceso a servicios de salud, sino también como posibilidad de empleo formal y respaldo institucional. Desde la teoría de la anomia institucional, se plantea que los niveles de criminalidad reflejan las características de la organización social (Messner et al., 2008). Así, el diseño de las instituciones sociales influye en los niveles de violencia, al mediar la relación entre las condiciones económicas y el acceso a derechos. Esping-Andersen (1990) plantea que el gasto en bienestar social actúa como amortiguador de los efectos del mercado. En el mismo sentido, Messner (1997) advierte que la reducción del gasto social puede tener consecuencias no deseadas como el aumento de la violencia criminal.

El tercer factor es el acceso a la educación, cuya presencia o ausencia influye en los contextos de violencia y la posibilidad de homicidios. Por ejemplo, para Millán (2019), la educación disminuye la probabilidad de que los jóvenes se integren a organizaciones delictivas. Además, existen datos que relacionan el nivel educativo con el riesgo de victimización: la tasa de homicidio para jóvenes de entre 20 y 29 años con estudios de secundaria es sustancialmente mayor que la de quienes cuentan con educación media superior completa (Reporte, 2022).

A estas condiciones estructurales se suman factores contextuales conocidos como facilitadores del delito. El primero de ellos es la presencia de crimen organizado. Aunque suele asumirse que su existencia se traduce automáticamente en violencia, esta relación debe analizarse en términos de su dirección e intensidad. El crimen organizado se caracteriza por su estructura jerárquica, durabilidad y diversificación delictiva (Bruinsma y Weisburd, 2014), así como por su uso instrumental de la violencia, la corrupción y la captura institucional (Hagan, 2006; Finckenauer, 2005):

La habilidad para el uso y la reputación para la violencia y su amenaza para facilitar las actividades criminales y en ciertas instancias ganar o mantener el control monopólico de mercados criminales […] emplea la corrupción de oficiales públicos para asegurar inmunidad para sus operaciones y/o proteger sus empresas criminales de la competencia. (Hagan, 2006, p. 134)

Son organizaciones que pueden generar una convergencia entre actores ilegales, ubicaciones y actividades. Al gestionar mercados ilegales, los cuales no están normados por la lógica contractual, se puede recurrir a la violencia como dispositivo regulatorio en contextos caracterizados por la débil cooperación entre partes y la desconfianza actores (Beckert y Wehin, 2012).

Su presencia en territorio tiene impactos múltiples. Económicamente altera los preceptos de competencia, además de distorsionar los precios dónde la extorsión se hace presente, por no mencionar de circulantes de capital en entornos legales con origen en flujos ilegales. Al tener presente la amenaza o el uso de la violencia, su presencia puede posiblemente ser observable en eventos como agresiones, lesiones y homicidios, sobre todo tomando en consideración que la reputación y credibilidad de las organizaciones tienen como raigambre el miedo y la amenaza. Mina al sistema legal y político en la medida en que su funcionamiento requiere a la corrupción, ya que está facilita, por acción u omisión, las operaciones continuas de las organizaciones (Finckenauer, 2005). La evidencia para la ciudad sostiene que, en efecto, hay una correlación significativa entre el CO y el homicidio; no obstante, esta no tiene la fuerza supuesta tanto por las autoridades como por la evidencia acumulada previa (Díaz-Román y Laverde-Rodríguez, 2023).

El segundo factor facilitador del delito es la disponibilidad de armas de fuego. Se parte de la idea de que los países tienen distintas políticas de armas, y estas conviven con mercados negros, cuyo desenvolvimiento impacta en la violencia y el delito. Además, la relación de las armas y la violencia no es tan evidente como parece, pues su tráfico, distribución y dinámica no actúa de manera homogénea. Harms y Bush (2022) mencionan que hay países donde los homicidios son más recurrentes con arma blanca que con arma de fuego. A pesar de ello, según datos del INEGI, 67% de los homicidios realizados en México en 2022 fueron realizados con armas de fuego, y el número estimado de armas de fuego en manos de civiles por cada 100,000 habitantes es de 12.9, superando el 9.5 de la región latinoamericana (Karp, 2018).

En el contexto americano, Cork estudia la relación de los mercados de crack con la disponibilidad de armas y concluye: “el surgimiento de mercados de crack en ciudades individuales estimuló la difusión de armas entre los jóvenes, lo que llevó a un crecimiento dramático de los homicidios juveniles con armas de fuego” (1999, p. 403). Así mismo, Buggs (2022, p. 19) concluye que en aquellos lugares dónde hay una mayor disponibilidad de armas hay un incremento en los homicidios. Blumstein (1995) argumenta que existe una relación entre los mercados de crack, las bandas criminales y el armamento, lo que se puede identificar una duplicación de los registros de homicidios por armas de fuego.

Con respecto a México, Weigend menciona que “la violencia letal es un problema estructural en el México contemporáneo y la creciente disponibilidad de pistolas parece ser un elemento clave de este problema” (2021, p. 4). También argumenta que hay una mayor cantidad de homicidios cometidos por arma de fuego y que se ha incrementado la proporción de este tipo de homicidios en comparación con otros tipos. La proclividad de violencia derivada de las armas se observa en el estudio de Vilalta (2009, p. 229), donde muestra que en un asalto la portación de arma de fuego aumenta significativamente la posibilidad a dañar a la víctima en 259.7% y el 38.6% de los reclusos que portaron un arma de fuego terminaron provocando un daño físico en sus víctimas. Así, se espera que a mayor circulación de armas se observará una mayor probabilidad de ocurrencia de homicidio.

En suma, la explicación de los homicidios juveniles se puede dar a la luz de un enfoque mixto. Se considera a la argumentación del juvenicidio como una perspectiva útil en la medida en que problematiza en torno a la condiciones estructurales de exclusión de la juventud, en ese sentido se identifica a las condiciones socioeconómicas como un elemento de posible correlación positiva tomando en cuenta que se puede tener menor satisfacción de necesidades lo que deviene en exclusión; en el caso de la seguridad social se esperaría una correlación negativa puesto que el acceso a tal materializa una serie de derechos, además de mediar el impacto de la economía en la vida social; la educación también significa un acceso a derechos, por tanto se esperaría, también, una correlación negativa. Para los facilitadores del delito, en los tres regresores se hipotetiza una correlación positiva ya que su presencia podría incrementar la ocurrencia de homicidios juveniles.

El tercer facilitador es la disponibilidad de puntos de venta de alcohol. La OMS (2024) reporta que el consumo excesivo de alcohol causa 2.5 millones de muertes anuales, de las cuales 320 mil corresponden a jóvenes. Estudios como los de Pridemore (2011), Stevenson et al. (1999), y Roman et al. (2009) señalan que la densidad de establecimientos donde se expende alcohol se asocia con mayores niveles de violencia. En México, Díaz-Román (2022) muestra que un mayor número de bares se correlaciona con mayor violencia delictiva, mientras que Vilalta (2010) documenta que en el 72.8 % de los delitos analizados hubo consumo de alcohol involucrado. Escobar (2012), desde la teoría de la desorganización social, vincula los mercados de alcohol con las tasas de homicidio, lo que también ha sido documentado en estudios internacionales (Gorman et al., 2001; Britt et al., 2005). Parker et al. (2011) encuentran una correlación positiva y significativa entre la densidad de puntos de venta de alcohol y el homicidio juvenil, especialmente entre los 13 y 24 años.

En suma, el homicidio juvenil puede analizarse desde un enfoque mixto. La noción de juvenicidio permite visibilizar las condiciones estructurales de exclusión que afectan a la juventud. Así, se hipotetiza una correlación positiva entre las condiciones socioeconómicas precarias y los homicidios, debido a la insatisfacción de necesidades básicas. En contraste, se espera una correlación negativa con la seguridad social y la educación, al tratarse de factores que amplían derechos y protegen frente a la violencia. En cuanto a los facilitadores del delito –crimen organizado, armas de fuego y venta de alcohol–, se prevé una correlación positiva con la ocurrencia de homicidios juveniles.

Datos y método

Dado el objetivo del estudio, resulta necesario establecer algunas precisiones de carácter metodológico. Un criterio para operacionalizar la discusión teórica es el de la factibilidad empírica. Esto es construir variables con base en fuentes disponibles y tratar, según criterios técnicos, al conjunto de información para maximizar los controles y minimizar los sesgos. Un elemento que hace crucial la factibilidad es una correcta selección de la unidad de registro. En este caso son las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) de la Ciudad de México del Censo de Población y Vivienda del 20204 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las AGEB exhiben al menos cuatro ventajas. En primer lugar, permite elaborar estudios a nivel área con una buena cantidad de observaciones (n=2432). En segundo posibilita utilizar el conjunto de variables sociodemográficas del censo. En tercero, al ser una unidad administrativa de uso recurrente, hace posible colegir diversos registros administrativos. Por último, se pueden realizar uniones por localización de datos que cuenten con las coordenadas correspondientes. Adicionalmente, y para controlar fuentes de posible sesgo como dispersión, valores atípicos y sobre estimaciones, se definió una condición usual en los estudios a nivel área (Kubrin y Weitzer, 2003; Díaz-Román, 2021), esto es excluir AGEB con población > 200 habitantes,5 con lo cual el universo de estudio se conforma por una n=2364.

Las fuentes de información son múltiples. La variable dependiente se construyó con base en las víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México6 seleccionando solo los casos dónde la víctima estuviera en el grupo etario 15-29, (ver mapa 1). En el caso de los observables de facilitadores del delito, la variable de CO comparte la fuente con la dependiente y se seleccionaron las carpetas de narcomenudeo con fines de venta;7 para venta de alcohol se asociaron los datos presentes en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI en los rubros correspondientes a distribución de alcohol;8 la disponibilidad de armas de fuego está dada por la cantidad de disparos reportados por la ciudadanía y los cuerpos policiales por distintos medios9 al Centro de Comando Control Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) de la ciudad.

En todos los casos los datos contaban con coordenada, lo que permitió realizar unión por localización para agrupar la información en la unidad de registro, así mismo, y salvo para los datos de DENUE, los datos contenidos en cada variable son el lustro 2019-2023 colapsado, esto como control metodológico para estabilizarle, controlar fuentes de perturbación entre un año y otro y por ser usual en estudios a nivel área (Messner et al, 1999; McCall et al., 2008). En las variables que dan nota de la problematización de juvenicidio, salvo condiciones socioeconómicas, es el censo. Escolaridad se observa por el promedio de la cantidad de años escolares cursados, seguridad social por la proporción poblacional de personas que declararon tener cobertura por alguna instancia de seguridad social y condición socioeconómica se operacionaliza por medio del Índice de Marginación Urbana (IMU) 2020 del Consejo Nacional de Población;10 por su pertinencia analítica como variable de control en estudios de homicidio (Land et al.,1990) se agrega el regresor censal de razón de sexo. Los descriptivos se encuentran en la tabla 1.

Mapa 1. Tasa de homicidios juveniles* 1000 habitantes

La selección de la técnica a utilizar depende de la estructura de datos construida, en especial de las características de la dependiente. El observable de homicidio juvenil es un evento con alta concentración de ceros y baja frecuencia, de hecho, en poco más del 58% de observaciones su valor es igual a 0. Modelar a la égida de una distribución gaussiana haría que no se cumplan los supuestos. Para estos casos, la evidencia sugiere hacer uso de modelos para cuentas propios de una distribución Poisson, en específico de uno resistente a la sobre dispersión11 y a la alta concentración de 0; en otras palabras, de un modelo de regresión binomial negativa (Hilbe, 2014; MacDonald y Lattimore, 2010; Osgood, 2000). Otra característica, es que el modelo puede ser objeto de un ajuste en el lado izquierdo de la igualdad con objeto de introducir una exposición al riesgo poblacional, ello permite interpretar de manera similar a tasas poblacionales. La ecuación es:

Dónde:

α: Intercepto

x´: Variables independientes que pueden ir desde x1…xn

: Parámetro adicional de control por sobre dispersión

Del lado izquierdo de la ecuación se exhibe la distribución de la variable a explicar expresada en su forma logarítmica y con un denominador poblacional.

Tabla 1.
Variables	Media	Std	Min	Máx	Obs
Homicidio juvenil	0.94	1.87	0	40	2364
Crimen	2.78	5.37	0	110	2364
Venta de alcohol	0.41	1.18	0	23	2364
Disponibilidad de armas de fuego	40.39	43.43	0	755	2364
Índice de Marginación Urbana
a)	0.48	0.21	0	1	2360
b)	0.22	0.42	0	1	2360
c)	0.73	0.44	0	1	2360
Seguridad social	2811.04	1748.1	128	17329	2364
Escolaridad	11.71	1.78	0	16.15	2364
Razón de sexo	91.57	32.12	56.25	1532.75	2363

El diagnóstico al modelo indica un parámetro de sobre dispersión sea cercano a 1, con lo cual se garantiza el correcto ajuste de este y la validez de los resultados, ver tabla 2. Los hallazgos12 empatan con la problematización teórica. El fenómeno de interés se puede explicar tanto por facilitadores del delito como por el acceso o privación a derechos. En el caso de los facilitadores del delito todos tuvieron significancia estadística, así se tiene que tanto la presencia de CO, la venta de alcohol y la disponibilidad de armas de fuego incrementan el riesgo relativo de ocurrencia de homicidios; no obstante, la variable de alcohol es la que cuenta con mayor magnitud. Para el segundo bloque de variables, todas son significativas y con la direccionalidad esperada, un alto nivel de marginación aumenta los riesgos relativos frente a un nivel bajo, a mayor nivel de escolaridad promedio y población con mayor cobertura en materia de seguridad social se observa una disminución de los riesgos. El regresor de control –razón de sexo– fue significativo, sólo que con dirección opuesta.

Tabla 2.13
Modelo de regresión binomial negativo del homicidio juvenil
Variable	IRR	Desviación	Z	P>z	[95% Conf.
Crimen organizado	1.037785	0.0062274	6.18	0.000	1.025651	1.050063
Venta de alcohol	2.7	2.7e-120	-2.77	0.006	3.6	2.04
Disponibilidad de armas de fuego	1.004331	0.0009578	4.53	0.000	1.002455	1.00621
Índice de Marginación Urbana (baja referencia)
a) Media	1.265849	0.2220181	1.34	0.179	0.8976127	1.78515
b) Alta	1.431452	0.2608838	1.97	0.049	1.001484	2.046017
Razón de sexo	0.9984475	0.0003117	-4.98	0.000	0.9978368	0.9990585
Escolaridad	0. 7675998	0.0228418	-8.89	0.000	0.7241112	0.8137003
Seguridad social	0.9998594	0.000023	-6.11	0.000	0.9998143	0.9999045
_ cons	0.0043207	0.001571	-14.97	0.000	0.0021186	0.0088116
ln(pop_tot)	1
/lalpha	-0.1917224	0.0835423			-0.3554622	-0.0279826
alpha	0.0825536	0.0689671			0.7008494	0.9724053
N.obs	2, 360
Wald Chi (8)	269.70
Prob>chi2	0.000
Pseudo R2	0.0567
Prob >=chibar2	0.000

Discusión de resultados

El homicidio de jóvenes constituye una de las problemáticas más alarmantes en México y América Latina. En la mayoría de los países latinoamericanos, las tasas son sumamente altas, superando con creces a las registradas en otras regiones del mundo. En América, se estiman 53.6 víctimas de violencia letal entre los 15 y 29 años por cada 100 mil habitantes; es decir, dos veces la tasa media de homicidios para toda la región (27 por cada 100 mil) y cinco veces más la tasa global de homicidios de hombres (9.3) por cada 100 mil (UNODC, 2023, p. 57).

A diferencia de los enfoques tradicionales de la sociología del delito, donde la adscripción a este grupo etario se limita a ser variable de control en el análisis de la violencia letal, el juvenicidio constituye un enfoque que busca explicar las realidades de exclusión estructurales hacia la juventud, cuya máxima expresión de violencia es el homicidio. La intersección entre las condiciones socioeconómicas, el acceso limitado a oportunidades educativas y laborales, así como el tráfico de drogas y el contexto de macrocriminalidad existente en la región, son solo algunos de los factores que potencian esta crisis.

En este contexto, el juvenicidio ha emergido como un constructo importante para comprender y explicar los riesgos diferenciados de ser joven en entornos estructuralmente desventajados (Valenzuela, 2015). Aunque todavía en ciernes, el juvenicidio como categoría analítica, constituye un importante punto de inflexión que permite abordar la complejidad de la violencia, pues no refiere a muertes aisladas, sino a actos de violencia sistemáticos perpetrados contra de la población joven por diversos actores (Valenzuela, 2019; Otamendi, 2019; Bonvillani, 2022). Sumado al carácter sistemático de la violencia, el juvenicidio da cuenta de la convergencia de un conjunto de adscripciones que incrementan el riesgo de muerte en los jóvenes, lo que permite no solo visibilizar la multiplicidad de repertorios identitarios, sino también identificar sus causas (Valenzuela, 2019, p. 61).

Desde la emergencia del concepto, a decir de Bonvillani (2022), la literatura se ha enfocado en tres principales ejes analíticos: 1) las condiciones de producción del juvenicidio; 2) los actores responsables y; 3) sus modalidades. Respecto a las condiciones de producción, el juvenicidio permite problematizar la muerte violenta y sistemática de los jóvenes como resultado de un proceso marcado por condiciones estructurales desventajadas. Es decir, los jóvenes no mueren solo por ser jóvenes, sino por los escenarios de precarización económica y social, así como un conjunto de factores facilitadores que lo posibilitan (Spano y Bolland, 2010; Valenzuela, 2021; Lerchundi, 2023). De acuerdo con Valenzuela (2021, p. 65), el proceso de juvenicidio, si bien, culmina en el acto cruento de la muerte, conlleva un proceso de precarización social y económica donde los jóvenes socialmente desventajados son las principales víctimas de esta violencia sistemática.

Para contrastar este supuesto, el modelo analiza un conjunto de factores sociodemográficos, contextuales y facilitadores del delito que dan cuenta de dichos escenarios de precariedad. Entre las condiciones de producción del homicidio de jóvenes analizadas, se encuentra el grado de marginación urbana, la venta de alcohol como un indicador de desorganización, así como el grado de escolaridad y la razón de sexo.

Al contrastar la evidencia empírica para la Ciudad de México con los supuestos centrales del concepto, se observan relaciones esperadas, pero también hallazgos que suscitan reflexiones más profundas. En la Ciudad de México, los hallazgos muestran que los riesgos de homicidio juvenil son mayores en aquellas AGEB con niveles de marginación alta en contraste con aquellas que registran niveles medios y bajos. Los jóvenes constituyen un sector demográfico expuesto a riesgos diferenciados según sus contextos y adscripciones identitarias, ser joven no es una condición suficiente para que se produzca su muerte, sino la intersección de distintas adscripciones identitarias enmarcadas en contextos de marginación y desigualdad.

La venta de alcohol, como indicador de desorganización social y factor facilitador del delito (Thrasher, 2021; Ellis et al., 2019) incrementa significativamente el riesgo del fenómeno a explicar. En términos teóricos, la alta presencia de expendios de alcohol puede ser un indicador de desorden, de deterioro físico del espacio que denota capacidades limitadas de barrios y comunidades para ejercer mecanismos de control social informal para la contención del crimen y otras formas de violencia. Aunado a esto, la literatura ha mostrado una relación significativa entre la densidad de puntos de venta de alcohol y el delito, especialmente en el caso de los delitos violentos como los homicidios (Ellis et al., 2019).

En el modelo de contrastación empírica, el grado de escolaridad aparece como un factor significativo en la reducción del riesgo. En otras palabras, a medida que los años de escolaridad son mayores, el riesgo de disminuye. Este hallazgo no es menor, pues muestra que el acceso a oportunidades educativas constituye un factor significativo en la reducción del riesgo de ser víctimas de muertes violentas y aunque dicha relación no es directa, pues puede ser también un espacio de exclusión y descalificación social de los jóvenes (Kessler, 2007), la escuela puede tener tanto un efecto de incapacitación en la participación en actividades delictivas (Lochner, 2020), como ser una ruta para la superación de desventajas sociales heredadas (Mora y de Oliveira, 2020).

En América Latina, la población entre 15 y 29 años es el grupo de edad más vulnerable frente a la violencia homicida, condición que incluye tanto a hombres y como a mujeres. En el modelo de contrastación, la razón de sexo, aparece como una variable significativa, aunque con un efecto mínimo. En la literatura sobre el tema tiende a asumirse que los hombres jóvenes son más propensos a ser víctimas de violencia letal (Pires y Ferrugem, 2022); sin embargo, los resultados para la Ciudad de México sugieren que en términos de composición sociodemográfica el riesgo es muy similar.

El análisis sobre la variabilidad de la brecha de género y el crimen violento es todavía escaso; sin embargo, Zimmerman y Messner (2010), han encontrado evidencia de que la brecha de género en el crimen violento tiende a disminuir a medida que las desventajas socioestructurales de los vecindarios son mayores. Es decir, la relación entre el homicidio y ser un hombre joven no es directa, sino una relación mediada por otros factores contextuales. A decir de Zimmerman y Messner (2010, p. 961), las desventajas socioeconómicas de los vecindarios aumentarían la exposición tanto de hombres como de mujeres a la violencia sistemática. Este hallazgo necesita de una discusión más extensa, que incorpore una perspectiva de género para analizar la variabilidad y de qué forma el contexto acentúa o media la exposición a la violencia para hombres y mujeres jóvenes.

Un segundo aporte interesante presente en la literatura está enfocado en los responsables y perpetradores. En este sentido, el quid del juvenicidio como categoría analítica se centra en el Estado como actor responsable de la violencia perpetrada hacia la población joven, ya sea por su actuar directo –violencia perpetrada por agentes estatales–, abandono o la complicidad con otros actores, entre estos, el CO. De acuerdo con Valenzuela (2019, p. 23), la emergencia del fenómeno surge en un contexto donde las violencias de Estado y la violencia del CO operan desde múltiples lazos comunicantes y de complicidad con las figuras institucionales, esto implica que tanto las acciones de los actores criminales como institucionales incrementan el riesgo de la muerte violenta de jóvenes.

Al analizar el efecto del crimen organizado sobre el riesgo del homicidio juvenil para la ciudad de México, la evidencia muestra un efecto significativo, aunque pequeño. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, la presencia crimen organizado, medido a partir de las carpetas de investigación por narcomenudeo, incrementa el riesgo. Los mecanismos detrás de las muertes violentas de jóvenes en contextos de criminalidad organizada son varios, por una parte, el crimen organizado genera condiciones de violencia generalizada donde los jóvenes tienden a ser el sector más vulnerable, ya sea por su reclutamiento e involucramiento directo en actividades delictivas (Zamudio, 2013; Moreno y Urtega, 2022); o porque son víctimas de la violencia criminal, dado que la expansión del delito organizado tiende a generar conflictos (Díaz-Román, 2024), a incentivar el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad y a socavar la ley y la gobernanza (Alvarado, 2016, p. 143).

En este contexto, también es importante problematizar cómo el Estado, además de ser un productor de violencia sistemática contra la población joven, tiene un rol central en la disminución de los riesgos. Una manera en la que el Estado puede reducir estos riesgos es a través de políticas de seguridad social. El modelo analítico propuesto analiza la influencia de la seguridad social en el riesgo, y los resultados indican que existe una asociación significativa, aunque moderada. Esto sugiere que el rol del Estado no se limita a ser productor de violencia sistemática, sino que también puede intervenir para disminuir el riesgo de muertes violentas en la población joven.

En esta línea, se ha destacado la importancia de las políticas de seguridad social para mejorar las oportunidades de movilidad social de la población o, en su defecto, atenuar las condiciones de marginación y desigualdad (Nolan et al., 2010). En este sentido, la Ciudad de México constituye un caso relevante, ya que desde hace al menos tres décadas se han implementado estrategias para ampliar las políticas de seguridad social, con programas específicos para la población joven, como el acceso a becas en todos los niveles escolares y programas enfocados a su posible inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, aunque los hallazgos observados apoyan esta argumentación, es necesario discutir a profundidad en qué medida las políticas y programas específicos de seguridad social para los jóvenes han contribuido a mejorar las oportunidades de acceso a la educación y empleo para la población joven y qué medida son efectivos para la reducción de tasas de criminalidad y formas de violencia como el homicidio (Mora y Urbina, 2021).

Finalmente, otro de los núcleos de discusión en la literatura se refiere a las modalidades que puede asumir el juvenicidio, distinguiéndose expresiones simbólicas (Feixa et al., 2015) y objetivas (Bonvillani, 2022). Dentro de esta última, el concepto de “juvenicidio armado” (Otamendi, 2019) ha adquirido centralidad analítica, dado que en América Latina se estima que aproximadamente el 80 % de los homicidios de adolescentes se cometen con armas de fuego, una proporción que incluso se eleva en ciertos países de la región. En el caso de la Ciudad de México, los datos confirman que la disponibilidad de armas de fuego constituye un factor de riesgo significativo en la victimización letal de personas jóvenes. La relación observada resulta consistente con el contexto nacional, donde cerca del 70 % de los homicidios se cometen con armas de fuego. Esta situación hace de la juventud un grupo particularmente vulnerable frente a la violencia armada. Cabe mencionar que, aunque el indicador de suicidios por arma de fuego podría haber ofrecido información complementaria sobre el efecto de la disponibilidad de armas en la letalidad general, su ausencia en niveles de desagregación territorial más finos –como las Áreas Geoestadísticas Básicas– limita su inclusión en este análisis. Este vacío abre también una línea de investigación pendiente para futuros trabajos.

Conclusiones

Esta investigación contribuye a la contrastación empírica de los principales núcleos de discusión en el reciente campo de los estudios sobre homicidio juvenil a partir de la evidencia acumulada de los estudios a nivel área y recurriendo a un enfoque mixto entre los facilitadores del delito propios de la tradición criminológica y la perspectiva del juvenicidio. El análisis del homicidio violento de jóvenes revela una problemática compleja que involucra factores de distinto tipo y nivel. La intersección entre la marginación, la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales las condiciones de macrocriminalidad presentes en México y toda la región contribuyen significativamente a la vulnerabilidad de la población joven.

En la Ciudad de México, los datos indican que el riesgo de es mayor en áreas con alta marginación y criminalidad. La presencia de CO y la venta de alcohol, como indicadores de desorganización social, aumentan significativamente este riesgo. Además, la disponibilidad de armas de fuego se presenta como un factor crítico en la perpetuación de la violencia letal entre los jóvenes. Estos factores muestran uno de los elementos centrales de la propuesta detrás del concepto de juvenicidio: ser joven no es una condición suficiente para ser víctima de juvenicidio, sino, la intersección de una serie de adscripciones identitarias enmarcadas en contextos de desigualdad y marginación.

Esta investigación también sostiene que el Estado tiene un rol crucial no solo como posible perpetrador de violencia sistemática, sino también como agente de cambio para reducir estos riesgos. Las políticas de seguridad social, como el acceso a becas educativas y programas de inserción laboral, han mostrado una asociación significativa con la reducción del riesgo, aunque con un efecto moderado. Esto subraya la necesidad de continuar y ampliar estas políticas para mejorar las oportunidades de movilidad social y reducir las condiciones de marginación y desigualdad que perpetúan la violencia.

Además, es esencial abordar las modalidades específicas del juvenicidio, como el “juvenicidio armado”, que representa una amenaza particular en contextos donde la disponibilidad de armas es alta. En la Ciudad de México, y en toda la región latinoamericana, como lo han mostrado investigaciones previas, la mayoría de los homicidios juveniles se cometen con armas de fuego, lo que destaca la urgencia de implementar políticas de control de armas y programas de desarme dirigidos a la juventud.

En suma, abordar el homicidio juvenil desde una perspectiva mixta, que retoma los planteamientos de la criminología empírica y el juvenicidio, mostró resultados de interés teórico, analítico y empíricos. Reveló la complejidad de las causas subyacentes a la violencia sistemática que experimenta la población joven. La reducción de esta violencia demanda un enfoque multidimensional que aborde tanto las condiciones estructurales subyacentes como intervenciones directas y específicas para proteger a los jóvenes.

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Fecha de recepción: 30 de julio de 2024

Fecha de aceptación: 21 de abril de 2025

DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v22i58.1199

1 Situación que concurre con el despliegue de los operativos conjuntos antidrogas por parte de la administración calderonista.
2 La disponibilidad de información es un elemento no menor. Contar con datos públicos abiertos dota de factibilidad empírica a las disertaciones teóricas. En el caso de la Ciudad, y a diferencia de la escala nacional o comparado con otras entidades, se cuenta no sólo con la información censal, sino con un amplio repositorio de información pública desagregado a nivel coordenadas https://datos.cdmx.gob.mx/
3 Como antecedentes desde la filosofía contemporánea occidental se encuentra el concepto de biopolítica de Michel Foucault (1976, 1978); la necropolítica de Achille Mbembe (2011) y el Homo sacer de Giorgio Agamben (1998). Los tres abren el debate sobre sobre la relación entre Estado, sociedad y condiciones de vulnerabilidad y muerte. Con respecto al concepto de juvenicidio, la biopolítica y la necropolítica se relacionan como acercamientos conceptuales para las gestiones estatales de la vida y muerte. El homo sacer refiere a la dotación de estas condiciones de vulnerabilidad y su capacidad de ser digno o no de protección vital y de movilización ante la pérdida de esta. Los tres conceptos dan pie a enfoques más específicos emanados del sur global, como es el caso del juvenicidio.
4 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
5 Por lo regular, en estas se ubican equipamientos urbanos diversos así como edificios de gobierno como hospitales, cuarteles, etc.
6 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-fgj
7 https://datos.cdmx.gob.mx/da_DK/dataset/carpetas-de-investigacion-fgj-de-la-ciudad-de-mexico
8 Se consideraron venta de cerveza, vinos y licores al por mayor, venta de cerveza, vinos y licores al por menor y bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas y similares. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6
9 Incluye información de: la línea de emergencias 911, frecuencias radiales, cámaras, botones de auxilio y redes sociales. https://www.c5.cdmx.gob.mx/
10 https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 . Para este caso se utiliza en su expresión categórica: baja, media y alta.
11 De hecho el criterio que evalúa el ajuste global es el parámetro de desviación. La literatura sugiere que tal valor sea lo más cercano a 1 (Hilbe, 2014).
12 Para facilitar la interpretación los coeficientes fueron transformados a riesgos relativos, se leen de manera muy similar a los momios.
13 Elaboración propia